La criminalidad elevó los costos operativos de más de 535 mil bodegas en el país. Gremios de bodegueros y mypes alertan sobre mayores gastos en protección y rechazan posibles incrementos del ISC.
La inseguridad ciudadana se convirtió en uno de los principales factores que amenazan a miles de pequeños negocios en el país. Más de 535 mil bodegas enfrentan un incremento de sus costos operativos debido a la necesidad de invertir en cámaras de vigilancia, rejas reforzadas y otros mecanismos de protección ante el avance de la criminalidad.
Representantes de los bodegueros y las micro y pequeñas empresas (mypes) advirtieron que la extorsión se transformó en una carga permanente para el sector. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 99% de sus asociados sufrió extorsión en los últimos años, mientras que algunos negocios destinan hasta S/7.000 mensuales a seguridad privada e implementos de protección.
Extorsiones elevan costos operativos de las bodegas y mypes
La Asociación de Bodegueros del Perú indicó que la delincuencia obligó a numerosos comerciantes a invertir recursos adicionales en cámaras de seguridad, rejas reforzadas y, en algunos casos, incluso en el pago de cupos para evitar ataques y poder mantener sus negocios en funcionamiento.
Andrés Choy, presidente del gremio, señaló en declaraciones a RPP que la actividad delictiva generó gran temor entre los comerciantes. Indicó que, en los últimos cinco años, prácticamente la totalidad de sus asociados fue víctima de extorsiones, en muchos casos en más de una oportunidad.
Asimismo, cuestionó la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, asegurando que, pese a las coordinaciones realizadas con la PNP, no se observan resultados concretos. Añadió que este contexto provocó que muchos bodegueros eviten hablar públicamente o incluso reduzcan su actividad diaria por miedo a represalias o a un aumento de las exigencias de los extorsionadores.
Mypes gastan hasta S/7.000 al mes en seguridad por aumento de criminalidad
Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, detalló a RPP que el sobrecosto generado por la criminalidad puede alcanzar hasta S/7.000 mensuales, destinado a la contratación de personal de seguridad y a la compra de equipos de protección. Según los dirigentes, estos gastos no existían años atrás y se intensificaron tras la pandemia.
La presión económica también afecta a negocios de menor tamaño. El propietario de un minimarket ubicado en Comas, quien solicitó mantener su identidad en reserva por ser víctima de extorsiones desde hace seis meses, indicó a RPP que destina al menos S/500 mensuales a implementos de protección, entre ellos cámaras de seguridad.
Gremios rechazan eventual incremento del ISC y piden debate en el Congreso
Tras el descarte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre un nuevo incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la Asociación de Bodegueros del Perú y representantes de las pymes solicitaron que cualquier futura modificación a este tributo sea debatida y aprobada únicamente por el Congreso.
Julio Surco sostuvo que un incremento tributario afectaría directamente a las empresas formales y terminaría trasladándose a los consumidores mediante mayores precios. Los bodegueros advirtieron que un eventual aumento del ISC impactaría especialmente en productos de alta rotación, como bebidas y otros bienes de consumo masivo, lo que podría reducir el consumo, afectar la facturación de los negocios formales y favorecer el contrabando y la informalidad.
45% de peruanos reporta cierre de negocios por extorsiones
Según el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, basado en una encuesta de Ipsos, el 45% de los peruanos afirma haber sido testigo del cierre o la restricción de actividades de establecimientos como bodegas, peluquerías, farmacias y restaurantes debido a la inseguridad y las extorsiones, una cifra que representa un aumento importante frente al 32% registrado el año anterior y que evidencia la rápida expansión del problema en el país.
El informe detalla que Lima concentra el mayor impacto, con un 59% de personas que reportan haber visto este tipo de cierres o limitaciones en su entorno, aunque la problemática se extiende a todos los niveles socioeconómicos, lo que confirma su carácter generalizado.
Según Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del reporte, la inseguridad no se limita al temor por la integridad física, sino que está cerrando negocios, reduciendo los ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No se trata de un problema puntual, sino de un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país.
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