La delincuencia disparó los costos de funcionamiento de más de 535 mil bodegas a nivel nacional. Asociaciones de bodegueros y mypes denuncian un alza en los gastos de resguardo y se oponen a un posible aumento del ISC.
La falta de seguridad ciudadana se ha transformado en una de las mayores amenazas para centenares de miles de pequeños comercios en el Perú. Más de 535 mil bodegas ven cómo sus costos operativos se elevan por la obligación de adquirir cámaras de vigilancia, rejas más sólidas y otras medidas de protección frente al avance de la delincuencia.
Voceros de los bodegueros y de las micro y pequeñas empresas (mypes) señalaron que la extorsión se ha vuelto una carga constante para el rubro. De acuerdo con la Asociación de Bodegueros del Perú, el 99% de sus afiliados fue víctima de extorsión en los últimos años, mientras que ciertos negocios llegan a gastar hasta S/7.000 al mes en vigilancia privada y elementos de resguardo.
Las extorsiones incrementan los gastos operativos de bodegas y mypes
La Asociación de Bodegueros del Perú informó que la delincuencia forzó a numerosos comerciantes a destinar recursos extras en sistemas de videovigilancia, rejas más resistentes y, en ciertos casos, incluso en el pago de cupos para eludir agresiones y poder sostener sus negocios activos.
Andrés Choy, presidente del gremio, manifestó a RPP que la actividad criminal ha sembrado un fuerte temor entre los tenderos. Precisó que, en el último lustro, prácticamente todos sus asociados sufrieron extorsiones, en varias ocasiones más de una vez.
También criticó la ausencia de una reacción eficaz de las autoridades, afirmando que, a pesar de las gestiones realizadas con la PNP, no se perciben resultados palpables. Agregó que esta situación ha llevado a que muchos bodegueros eviten declarar públicamente o incluso disminuyan su operación diaria por temor a venganzas o a que los extorsionadores eleven sus exigencias.
Mypes desembolsan hasta S/7.000 al mes en seguridad por el auge de la criminalidad
Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, explicó a RPP que el sobrecosto provocado por la delincuencia puede llegar a S/7.000 mensuales, empleado en la contratación de vigilantes y en la adquisición de equipos de resguardo. Según los líderes gremiales, estos desembolsos no existían años atrás y se agravaron después de la pandemia.
La carga financiera también golpea a los comercios más pequeños. El dueño de un minimarket en Comas, que pidió mantener su nombre en reserva por ser blanco de extorsiones desde hace seis meses, contó a RPP que gasta al menos S/500 mensuales en artículos de protección, como cámaras de seguridad.
Gremios se oponen a un posible aumento del ISC y exigen debate en el Congreso
Luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartara un nuevo incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la Asociación de Bodegueros del Perú y los representantes de las pymes pidieron que cualquier modificación futura de este tributo sea discutida y aprobada exclusivamente por el Congreso.
Julio Surco indicó que un alza impositiva perjudicaría directamente a las compañías formales y terminaría repercutiendo en los consumidores a través de precios más altos. Los bodegueros alertaron que un eventual aumento del ISC golpearía sobre todo a productos de alta rotación, como bebidas y otros artículos de consumo masivo, lo que podría disminuir la demanda, perjudicar las ventas de los negocios formales y fomentar el contrabando y la informalidad.
45% de peruanos conoce de negocios cerrados por extorsiones
De acuerdo con el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado a partir de una encuesta de Ipsos, el 45% de los peruanos asegura haber presenciado el cierre o la reducción de actividades de locales como bodegas, peluquerías, farmacias y restaurantes a causa de la inseguridad y las extorsiones. Esta cifra supone un incremento considerable frente al 32% registrado el año previo y refleja la rápida propagación del fenómeno en el territorio nacional.
El estudio señala que Lima concentra el mayor impacto, con un 59% de personas que afirman haber observado este tipo de cierres o restricciones en su zona, aunque la situación se extiende a todos los estratos socioeconómicos, lo que ratifica su naturaleza extendida.
Según Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del informe, la inseguridad no se reduce al miedo por la seguridad física, sino que está clausurando negocios, disminuyendo los ingresos familiares y afectando la salud mental de millones de peruanos. No se trata de un asunto aislado, sino de un fenómeno que está minando los cimientos de la vida económica y social del país.
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