La inseguridad ciudadana sigue golpeando la economía del país. De acuerdo con el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 45% de los peruanos asegura conocer bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios cercanos que han cerrado o limitado sus operaciones a causa de la delincuencia. Esta cifra representa un incremento de 13 puntos porcentuales frente al 32% registrado en 2025.

El informe, elaborado por el Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora, se sustenta en una encuesta realizada por Ipsos. Lima es la región más afectada: el 59% de los encuestados en la capital reporta conocer establecimientos perjudicados por la inseguridad. El fenómeno se extiende a todos los niveles socioeconómicos, lo que evidencia que la delincuencia tiene un impacto generalizado sobre la economía familiar y las actividades comerciales.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del informe, advirtió que la inseguridad está deteriorando las bases económicas y sociales del país. “La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos”, sostuvo.

El reporte también revela un aumento en los efectos psicológicos vinculados a la delincuencia, como ansiedad y estrés.

La percepción de que la delincuencia incrementa los niveles de ansiedad y estrés también subió: pasó de 75% en 2025 a 78% en 2026. Este aumento es más notorio en las regiones del norte y en las zonas urbanas del interior del país.

El informe incluye el Índice del Crimen Violento (IDCV), que mide homicidios y feminicidios consumados y en grado de tentativa. Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 1,054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios frustrados. Ica figura entre las regiones del interior más afectadas, mientras que la provincia de San Antonio de Putina, en Puno, registró una tasa de 92.89 casos por cada 100 mil habitantes, vinculada al impacto de la minería ilegal.

El estudio señala al sector transporte como uno de los más golpeados por la extorsión y el sicariato. Entre enero y mayo de este año se documentaron 131 homicidios y tentativas de homicidio contra conductores, cobradores y pasajeros. La mayoría de estos casos se concentró en Lima y el Callao, seguidos por Piura, La Libertad e Ica. Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte, sostuvo que la extorsión continúa siendo un delito con altos niveles de impunidad.

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