La Fiscalía presentó una acusación formal y solicitó ocho años de prisión para el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, quienes se desempeñaban como jefes de la Región Policial Lima y de la División de Servicios Especiales, respectivamente. Ambos son señalados por los presuntos delitos de lesiones graves y leves, bajo la modalidad de “comisión por omisión”. Esto implica que se les atribuye una aparente falta de supervisión y vigilancia para evitar que los agentes a su cargo cometieran los actos denunciados.

El caso está vinculado a las protestas del 12 de diciembre de 2022, ocurridas tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo. La acusación también alcanza a los policías Luis Bazán, Luis Ávila, Jorge Celadita y Dino Tarrillo. Las penas solicitadas para ellos varían: Bazán enfrenta siete años de prisión; Ávila y Celadita, seis años; y Tarrillo, tres años.

Los cuatro efectivos son acusados como autores directos de dos hechos específicos. Por un lado, las lesiones graves sufridas por Renato Murillo, quien “recibió el disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza, que lo dejó en estado de coma durante 12 días”. Por otro lado, las lesiones leves de Benedicto Huaccachi, quien “recibió el disparo de un proyectil similar a la altura de la pelvis”. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de control de acusación, a la espera de que un juez decida si autoriza un juicio oral o archiva el caso.

“Sería desproporcional y hasta arbitrario”, afirmó el penalista Andy Carrión al referirse a la pena solicitada para los exjefes policiales Zanabria y Chang. Para Carrión, la sanción “debería reformularse”, ya que resulta “paradójico que contra los autores directos se pide una pena más baja”. Según explicó a Correo, “cuando uno acusa por omisión, el Código Penal señala que se le debe imponer una pena menor”. Además, advirtió que esto sentaría “un precedente peligroso; pues el solo hecho de estar en una cadena superior ya ameritarían más años de sanción pese a que los años impuestos a los autores directos sería menor”.

En contraste, el también penalista Jorge Zúñiga consideró que la solicitud de prisión es adecuada si se toman en cuenta otros elementos. Precisó que “(a Zanabria y Chang) no se les imputa la omisión sobre un hecho, sino sobre tres o cuatro. Mientras a los efectivos se les acusa por atentar contra una persona, de forma individual, a los (exjefes policiales) se les procesa por atentar contra dos personas”. En diálogo con este diario, Zúñiga detalló que “la ley prevé la posibilidad de que haya una bonificación adicional en términos de la pena, hasta un tercio de la pena máxima, que puede asignarse en aquellos casos en los que, al momento de cometer ciertos delitos, se ha perjudicado a muchas personas”.

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