Juez libera a 11 presuntos extorsionadores de ‘Los Despiadados de Ancón II’ y evade explicaciones

El juez Gerardo Oscco Gonzales se encuentra en el ojo de la tormenta tras declarar infundado el pedido de prisión preventiva contra 11 presuntos integrantes de la organización criminal Los Despiadados de Ancón II, dedicada a extorsionar a colectiveros y transportistas interprovinciales en Lima Norte. La decisión judicial ha generado fuertes críticas por parte de la Fiscalía, que cuestiona la valoración de las pruebas recopiladas durante casi tres años de investigación.

La controversia escaló cuando el programa Punto Final interceptó al magistrado para preguntarle sobre su resolución. Lejos de ofrecer explicaciones, Oscco Gonzales evitó responder directamente. “¿Qué te puedo decir?”, replicó al ser consultado sobre la liberación de los investigados. Acto seguido, condicionó cualquier declaración a una solicitud formal ante la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y aseguró que los fundamentos de su fallo ya constan en la resolución judicial.

El caso se remonta al 18 de abril, cuando agentes de la Diviac y de la SWAT ejecutaron un operativo que logró la captura de varios presuntos miembros de la banda. Entre los detenidos figuraba Ángel Rosales Guzmán, alias ‘Negro Ángel’, señalado por las autoridades como el segundo al mando de la organización. Según la investigación fiscal, la red criminal era liderada por Lucio Moreno Jaque, conocido como ‘Tío’ o ‘El Uno’, quien actualmente cumple condena en el penal de Juliaca y, desde prisión, habría mantenido el control de las operaciones de cobro de cupos en el paradero Fundición, ubicado en Puente Piedra.

La investigación, que se extendió por casi tres años, estuvo a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Nacional. Incluyó interceptaciones telefónicas, seguimientos y recopilación de evidencias que, según las autoridades, permitieron identificar la estructura de la organización. El coronel Roberto Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), señaló que la red habría obtenido entre cinco y seis millones de soles producto de las extorsiones cometidas entre junio de 2023 y abril de 2026.

Las autoridades sostienen que los transportistas eran obligados a realizar pagos diarios y semanales para poder trabajar en determinadas rutas. Quienes incumplían las disposiciones impuestas por la organización podían ser sancionados o multados. Además, la investigación determinó que se les exigía participar en actividades organizadas por la red, como polladas, donde incluso debían adquirir productos.

Para el coordinador de Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, las pruebas reunidas durante la investigación eran sólidas. Por ello cuestionó la decisión adoptada por el magistrado, al considerar que no se valoró adecuadamente el trabajo realizado por la Policía y la Fiscalía. Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de declaraciones juradas de transportistas que aseguraban no haber sido víctimas de extorsión por parte de Ángel Rosales Guzmán. Los documentos fueron encontrados entre las pertenencias del investigado al momento de su captura, lo que ahora será revisado en una nueva instancia judicial.

La Fiscalía ya apeló el fallo. Ahora el Poder Judicial decidirá si confirma la resolución del juez Oscco Gonzales o si ordena la captura inmediata de los 11 presuntos miembros de Los Despiadados de Ancón II, organización que, según las pesquisas, convirtió la extorsión a transportistas en un negocio millonario en Lima Norte. Pese a los elementos en su contra, el magistrado dispuso que los investigados continúen el proceso en libertad, con restricciones como la prohibición de salir del país y de acercarse a los paraderos de transporte implicados en el caso. Para la Fiscalía, el hallazgo de documentos firmados bajo posible presión constituye un indicio de que algunos conductores habrían sido coaccionados para suscribirlos, documentos que luego fueron presentados como parte de la defensa. La decisión generó preocupación entre los investigadores. Jorge Chávez Cotrina advirtió que, si una instancia superior revoca la resolución y ordena prisión preventiva, podría ser difícil volver a ubicar y capturar a los investigados.

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