Una investigación de la Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que 11 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados de Ancón” recuperaron su libertad, pese a que la Policía y la Fiscalía los investigaron durante casi tres años por delitos de extorsión y cobro de cupos a transportistas de Lima Norte. La Fiscalía sostiene que la red era liderada por Lucio Moreno Jaque, conocido con los alias de “Tío” o “El Uno”, quien presuntamente mantenía el control de estas actividades ilícitas junto a una estructura conformada por al menos 20 integrantes.

Según el reportaje, la organización habría operado entre 2023 y 2026 y habría extorsionado a transportistas y colectiveros que circulaban por distintos puntos de Lima Norte, especialmente en la zona de Zapallal y el paradero Fundición. La Fiscalía atribuye a la banda el cobro de más de S/6 millones. Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, testimonios y otras pruebas que sustentaron la tesis fiscal sobre el funcionamiento de esta presunta red criminal.

No obstante, el Poder Judicial rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, que presentó interceptaciones y seguimientos como pruebas. Esto permitió que los investigados abandonaran la cárcel mientras continúan las investigaciones. Las acusaciones incluyen el cobro de más de S/6 millones.

El juez Gerardo Oscco Gonzales, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra, declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía contra los presuntos miembros de “Los Despiadados de Ancón”. Según Latina Noticias, esta decisión ha generado cuestionamientos, pues los investigados fueron capturados tras una operación que implicó años de trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Las autoridades estiman que la banda habría recaudado más de S/6 millones mediante el cobro de cupos en los últimos años. En abril de 2026 fueron detenidos 14 presuntos integrantes, aunque 11 recuperaron su libertad por decisión judicial. Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuraban escuchas telefónicas, registros de seguimiento y documentación vinculada a los presuntos cobros extorsivos. Además, en una intervención previa se encontraron declaraciones juradas firmadas por transportistas que negaban ser víctimas de extorsión, documentos que para la Fiscalía podrían evidenciar una posible presión sobre los afectados. Las investigaciones contra los presuntos integrantes de la organización continúan en curso.

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