El Ministerio de Justicia adjudicó una obra de S/192 millones para ampliar el penal de Arequipa a un consorcio que, según reveló un reportaje de Cuarto Poder, no contaba con RUC activo al momento del proceso. El Consorcio Infra Penal Arequipa recién formalizó su inscripción ante la Sunat el mismo día en que fue declarado ganador del proyecto financiado por el Estado. La iniciativa busca albergar a 1.600 internos y reducir el hacinamiento en el establecimiento penitenciario.
El reportaje también señala que el presupuesto destinado a esta obra creció de forma significativa en los últimos años. En 2011, la iniciativa contemplaba una inversión de S/65 millones, pero para enero de 2026 el costo total estimado alcanzó los S/366 millones, una cifra que supera ampliamente el monto inicial previsto para la infraestructura penitenciaria. Además, la adjudicación no se realizó mediante una licitación pública abierta, sino a través de invitaciones directas gestionadas desde el Ministerio de Justicia, modalidad que ahora está bajo escrutinio por las características del consorcio favorecido.
El Consorcio Infra Penal Arequipa está conformado por Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC. De acuerdo con Cuarto Poder, varias de estas compañías registran antecedentes de inhabilitación por presentar documentación falsa o información inexacta en anteriores procesos de contratación pública. La situación registral del consorcio y la forma en que se desarrolló el proceso de selección impulsado por el sector Justicia han despertado cuestionamientos.
El abogado Pierre Escobar Otoya, representante legal del consorcio, reconoció en el reportaje de Cuarto Poder que llegó al cargo por recomendación y admitió no tener experiencia previa en contratación pública de esta magnitud. Escobar Otoya trabajó anteriormente en el estudio jurídico del exministro de Justicia Juan José Santiváñez, quien promovió la ampliación del penal de Arequipa antes de dejar el cargo, lo que ha incrementado las interrogantes sobre la adjudicación.
Ahren Contratistas Generales SAC, una de las empresas del consorcio, recibió una sanción de 40 meses que concluyó en julio de 2024 y luego afrontó una nueva inhabilitación de cuatro meses. Constructora M&J SAC, por su parte, cumplió una sanción de 37 meses que venció poco antes de la adjudicación y recibió otra suspensión de tres meses por incumplimientos en normas de contratación estatal. Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre los filtros aplicados durante la evaluación de los participantes.
Además, el reportaje revela comunicaciones y mensajes de felicitación entre Escobar Otoya y el entonces presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Se sostiene que incluso se anunció públicamente la existencia de un ganador cuando el procedimiento aún no aparecía registrado en los sistemas oficiales.
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