El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) adjudicó al Consorcio Infra Penal Arequipa un contrato de 192 millones de soles para la ampliación del penal de Arequipa, pese a que esta entidad no figuraba en los registros de la Sunat al momento de ser convocada. Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, que constató que el consorcio formalizó su inscripción institucional el mismo día en que fue declarado ganador del proceso.
La obra busca ampliar la capacidad del recinto penitenciario para albergar a 1,600 personas, en respuesta al severo hacinamiento que enfrenta. El proyecto, que data de 2011 con un costo inicial de 65 millones de soles, ha visto su presupuesto multiplicarse hasta alcanzar los 366 millones de soles en enero de este año.
Antecedentes del consorcio
El Consorcio Infra Penal Arequipa está integrado por las empresas Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC, y Constructora M&J SAC. Las tres compañías registran inhabilitaciones temporales previas por haber presentado documentación falsa e información inexacta en licitaciones anteriores con el Estado.
Ahren Contratistas Generales SAC acumuló dos sanciones: una de 40 meses que culminó en julio de 2024 y una posterior de 4 meses. Por su parte, Constructora M&J SAC cumplió una inhabilitación de 37 meses que venció apenas dos meses antes de esta adjudicación, y el mes pasado recibió una nueva suspensión de 3 meses por incumplir las reglas estatales.
La abogada especialista en contrataciones públicas Cecilia Ruiz evaluó el historial de estas empresas y calificó la situación como una falta de gravedad extrema. En su opinión, las compañías “prácticamente esperaron el vencimiento de sus castigos para volver a contratar”.
La adjudicación del contrato no se realizó mediante una licitación pública abierta, sino a través de una invitación directa gestionada desde el Minjusdh. En octubre de 2025, el entonces presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció públicamente la existencia de un ganador cuando el proceso aún no figuraba en el sistema oficial de contrataciones. La investigación detectó coordinaciones y mensajes de felicitación personal entre Paredes Yataco y el representante legal del consorcio, cuya dirección fiscal registrada resultó ser un espacio donde nadie atiende, lo que los organismos de control vienen cuestionando.
El representante legal del consorcio ganador es el abogado Pierre Escobar Otoya, quien carece de experiencia en contratación pública y admitió haber sido “recomendado” para ocupar el cargo. Escobar Otoya trabajó en el estudio jurídico del exministro de Justicia Juan José Santiváñez, quien condujo esa cartera hasta dos meses antes de que se adjudicara el contrato y desde cuyo despacho se impulsaba el proyecto. La coincidencia entre su salida del Minjusdh y la adjudicación forma parte de las irregularidades que los organismos de control tienen bajo observación.
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