Por: Valeria Muñoz (*)
El 1 de enero de 2027, cuando asuman las autoridades regionales y municipales elegidas este año, recibirán algo más que un despacho y un presupuesto, heredarán un bosque amazónico que se achica año tras año. Desde 2001, el Perú ha perdido más de 3,3 millones de hectáreas de bosque, tamaño similar al del departamento de Lima. Esta pérdida no se reparte por igual, y saber dónde se concentra es el primer paso para gobernarla.
Los nuevos mandatarios asumirán sus cargos para el periodo 2027-2030, en un quinquenio presidencial que ya está en marcha. Tendrán cuatro años para enfrentar la degradación y deforestación de los bosques y demostrar que no es un destino inevitable ni una tendencia de malas decisiones que sus gobiernos debían perpetuar. Las malas decisiones y omisiones que han contribuido a este problema pueden y deben revertirse mediante voluntad política y acciones concretas.
Ucayali (19%), Loreto (18%) y San Martín (16,3%) lideran la pérdida acumulada de bosques entre 2001 y 2025. Pero si miramos qué porcentaje de sus bosques han perdido en relación a su extensión, el panorama cambia: Huánuco encabeza la lista con 17,8%, seguido de San Martín (11,2%), Junín (9,1%) y Ucayali (6,1%), entre otros.
Al acercar la lupa, la concentración es mayor. En Ucayali, Coronel Portillo y Padre Abad suman 76% de la pérdida departamental; en Huánuco, solo la provincia de Puerto Inca explica el 74% de la deforestación departamental, siendo esta provincia la que más deforestación registró en todo el Perú en el acumulado 2001 – 2025 . En conjunto, 10 provincias concentran más del 50% de la deforestación acumulada del país. Esto importa porque sugiere que no hacen falta estrategias dispersas por toda la Amazonía, sino intervenciones focalizadas donde cada sol invertido rinde más.
El reto de los nuevos mandos
La pregunta para quienes asumirán en enero no es si el problema existe, sino con qué herramientas lo enfrentarán. Dentro de los tantos retos, destaco los siguientes:
Primero, la zonificación forestal y la titulación de tierras. Tras los cambios a la Ley Forestal aprobados por el Congreso en 2023, la zonificación depende del Midagri sobre la base de un expediente técnico elaborado por el gobierno regional. Sin zonificación ni títulos claros, el tráfico de tierras prospera.
Segundo, la fiscalización y la articulación interinstitucional. La deforestación no responde a una sola actividad,detrás hay economías ilegales, tráfico de tierras, tala ilegal y otras actividades que se conectan entre sí. Por eso, no basta con operativos aislados. Se necesita que las autoridades actúen coordinadamente y con capacidad efectiva para fiscalizar toda la cadena de suministro desde la extracción y el transporte hasta la comercialización de los productos. Pero ¿cómo garantizar que esa fiscalización funcione cuando la corrupción también puede estar enquistada en las propias instituciones encargadas de hacer cumplir la ley?
Tercero, el mercado. Los compradores europeos exigirán café, cacao, soja, madera, y aceite de palma libres de deforestación, y las regiones que no puedan demostrarlo perderán clientes. Esto es importante debido a que para el 2025 un poco más del 50% de las áreas deforestadas del 2001 – 2025 se encuentra en áreas denominadas agropecuarias.
Los datos permiten una exigencia concreta de priorización para los nuevos gobernadores. Los nombres cambiarán el 1 de enero. Lo que está en juego es que cambie también la forma de cuidar el bosque.

(*) Ingeniera Forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialización en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible y más de cuatro años de experiencia en proyectos de cooperación internacional. Actualmente se desempeña como Analista de Gestión de Información en la FCDS Perú, con experiencia en gestión, sistematización y análisis de información para iniciativas vinculadas a la conservación de bosques amazónicos, la gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible.
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