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por Redacción RPP
Actualizado el 16 de Nov, 2026 9:00 amEl Gobierno reorganizará el OECE, organismo encargado de supervisar las contrataciones públicas, tras reconocer debilidades para cumplir sus funciones. La entidad tendrá 90 días para presentar un plan de mejoras.
El Gobierno declaró en reorganización al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de que se identificaran limitaciones y debilidades en su funcionamiento para cumplir adecuadamente sus responsabilidades como orientar a las entidades públicas en sus procesos de contratación, administrar el Registro Nacional de Proveedores, supervisar que se cumplan las normas de compras públicas y sancionar las infracciones.
La reorganización tendrá un plazo de hasta 90 días calendario y busca evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del organismo, así como proponer medidas para mejorar su funcionamiento.
Según los considerandos de la norma, la presidencia ejecutiva del OECE comunicó que existen dificultades para desarrollar algunas de sus principales funciones, entre ellas brindar asistencia técnica y orientación a las entidades públicas, certificar a los responsables de las áreas involucradas en las contrataciones y gestionar los registros que tiene a su cargo.
“Esta reorganización busca fortalecer el desempeño del OECE en el cumplimiento de sus funciones, entre ellas brindar asistencia técnica y orientación a las entidades contratantes y a los proveedores del Estado, administrar el RNP y el SEACE, supervisar el cumplimiento de la normativa de contratación pública, ejercer su potestad sancionadora y desarrollar herramientas digitales para una gestión más eficiente y transparente de las contrataciones públicas”, aseguró la presidenta ejecutiva del OECE Karla Gaviño
Antecedentes de irregularidades en compras públicas
Las dificultades que pueden presentarse en las contrataciones estatales se ven en distintos casos identificados por la Contraloría General de la República. Dichos antecedentes permiten dimensionar la importancia de contar con mecanismos adecuados de supervisión y control.
Por ejemplo, en julio de 2026, la Contraloría detectó irregularidades en tres contrataciones directas realizadas por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau, en Piura, para reparar los pozos de agua La Planicie, Cortijo y Monteverde.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento, la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento modificó los términos de referencia de los servicios a partir de las sugerencias de un mismo proveedor. Posteriormente, se aprobaron ampliaciones de plazo para el contratista, pese a que inicialmente habían sido rechazadas por la entidad.
Las ampliaciones fueron de 41 días para el pozo Cortijo, 40 días para La Planicie y 51 días para Monteverde. Además, no se aplicó la penalidad correspondiente por la demora en la ejecución de los trabajos.
La Contraloría calculó que estas decisiones ocasionaron un perjuicio económico de más de S/174 mil a la empresa prestadora de servicios de saneamiento. También identificó presunta responsabilidad civil de dos funcionarios, presunta responsabilidad penal de un exfuncionario y responsabilidad administrativa de cuatro involucrados.
Otro caso fue identificado en la Municipalidad Distrital de Pólvora, en la región San Martín. En septiembre de 2025, la Contraloría informó que funcionarios municipales aprobaron dos órdenes de compra por S/8,977 a favor de Rolando Salas Flores, quien había sido regidor de la misma municipalidad entre 2019 y 2022.
La normativa impedía que contratara con esa entidad durante el ejercicio de su cargo y hasta 12 meses después de dejarlo. Además, una de las órdenes de compra fue adjudicada cuando el proveedor no tenía inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito obligatorio para esa contratación.
También encontró que ambas compras se realizaron con solo dos cotizaciones, pese a que la directiva municipal exigía tres. Por estos hechos, determinó responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios de la municipalidad.
¿Qué cambios se realizarán en el OECE?
El decreto establece que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del OECE estará encargada de elaborar un diagnóstico sobre la situación de la entidad. Esta evaluación comprenderá los aspectos administrativos, organizacionales y presupuestales, entre otros que resulten necesarios.
El informe deberá presentarse en un plazo máximo de 45 días calendario, contado desde el día siguiente de la publicación del decreto.
Posteriormente, dentro del plazo de 90 días calendario establecido para la reorganización, se deberá presentar un plan de trabajo que incluya un cronograma con los avances de las medidas de reforma y mejora administrativa, organizacional y de gestión.
Ambos documentos deberán ser presentados a la Alta Dirección del OECE y luego remitidos al despacho ministerial del MEF, a través de la Presidencia Ejecutiva del organismo.
La norma establece que las medidas contempladas para la reorganización serán financiadas con el presupuesto institucional del propio OECE. Esto significa que no se solicitarán recursos adicionales al Tesoro Público.
El OECE precisó que la reorganización no interrumpirá ninguno de sus servicios. El Tribunal de Contrataciones Públicas, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el Registro Nacional de Proveedores (RNP), la asistencia técnica y la atención de consultas continuarán operando con normalidad.
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