Las caletas de Pisco lucen vacías. El Fenómeno de El Niño y el cambio climático han elevado la temperatura del mar hasta los 24 grados, provocando la desaparición de especies vitales para la economía local. Carlos de la Cruz Correa, presidente de la Asociación Gremio de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de San Andrés Pisco, advierte a Inforegión que la situación es desesperante. “No hay pesca, puros vientos, la gente está que migra a otro puerto a buscar algo”, relata el dirigente, explicando que un cajón de pejerrey ha llegado a costar hasta 2000 soles ante su absoluta escasez.
Indignación por la pesca industrial
A la escasez de recursos marinos que enfrentan los pescadores artesanales se suma un nuevo conflicto con el Ejecutivo. El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, afirmó en una entrevista con la agencia española EFE que la pesca industrial puede coexistir con las áreas naturales protegidas. Incluso aseguró que esta actividad ocupa menos del 2 % de la Reserva Nacional de Paracas y que no genera afectaciones en el ecosistema. Sus declaraciones provocaron el rechazo de los gremios pesqueros y del Comité de Gestión de la reserva, que lo acusaron «traición» y de priorizar los intereses de las grandes empresas pesqueras por encima de la conservación marina.
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José Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, calificó estas palabras de «desacertadas» y cuestionó la independencia del ministerio. “Siempre pensamos que la Sociedad Nacional de Pesquería es la que maneja los hilos del Ministerio de la Producción”, aseveró Hernández.
Por su parte, de la Cruz Correa fue enfático: “Las cinco millas son del pescador artesanal, eso viene de nuestros ancestros, nosotros debemos preservar nuestros recursos para el futuro”.
Criminalización y desigualdad
Ambos dirigentes coinciden en la profunda desigualdad con la que el Estado aplica la ley. Mientras los pescadores artesanales enfrentan procesos judiciales o son encarcelados por pescar con anzuelo en las orillas para su sustento diario, la gran industria parece gozar de impunidad.
Según Hernández, Produce intentó recientemente trasladar la responsabilidad de la fiscalización marítima al Sernanp, una entidad que carece de la logística necesaria para enfrentar a grandes embarcaciones, convirtiendo la reserva en «tierra de nadie». «La actividad de la pesca industrial parece que tuviera un manto sagrado sobre ellos, son intocables», lamentó el líder del comité de gestión.
Millones fantasma e infraestructura en abandono
Aunque a inicios de septiembre el Ministerio del Ambiente instaló una mesa de diálogo, los pescadores exigen obras, no más reuniones. Uno de los clamores principales es la modernización del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Laguna Grande, el cual se encuentra en «total abandono» desde su transferencia a los gobiernos regionales en 2012, operando hoy como un «potrero». Además, urge el mejoramiento de las trochas de acceso a zonas como la Playa Carhuas.
Existe también un fuerte escepticismo sobre el destino de los 22 millones de euros anunciados por la cooperación alemana para áreas marino-costeras. Hernández advierte sobre la «mala costumbre» del Estado de diluir estos fondos en consultorías vacías, recordando el fallido proyecto EbaMar, que costó una cifra similar y del cual solo quedó «un plan archivado».
La esperanza en el Legislativo
Ante la desconexión del Ejecutivo, cuyo ministro del Ambiente Vladimiro Huaroc sugirió a los pescadores simplemente «dedicarse al turismo» sin brindarles capacitación ni herramientas, la última esperanza del gremio recae en el Congreso.
Una comisión multipartidaria de senadores y diputados visitó recientemente la zona para impulsar un proyecto que eleve a rango de ley la prohibición estricta de la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas. Los pescadores de Paracas esperan que esta vez las promesas se conviertan en leyes reales que blinden de una vez por todas la biodiversidad de la reserva y el futuro de sus familias.
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