Juntos por el Perú: Remezón por polémica contratación de familiares de agentes del INPE en el Congreso

Los representantes de Juntos por el Perú (JP) en el Congreso se encuentran nuevamente en el ojo de la tormenta.

Y es que se reveló que en un despacho congresal se contrató a la hija de Calixto Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo, espacio en el que se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado.

El caso fue tan polémico que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) anunció la remoción de Lucero Rodríguez, así como de todo el personal del establecimiento penitenciario vinculado.

No es la primera vez que JP es involucrado en una polémica contratación.

Hace un menos se reveló que al menos 10 personas que firmaron el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, fueron contratados como asesores en el grupo parlamentario.

EL CASO

El programa Cuarto Poder dio a conocer que Yulissa Lucero Chujutallli, hija de Calixto Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo, fue contratada en agosto de este año como técnico del despacho de Azucena Isla Rojas, diputada de JP.

Isla Rojas, una asidua visitante de Castillo, dijo no conocer al director de Barbadillo y que la contratación de Yulissa Lucero se debe a que “necesitaba personal”.

El segundo nombre es el de Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, un agente de Barbadillo que fue contratado como técnico de la bancada de JP.

Ambos ganan sueldos que superan los ocho mil soles.

En el Congreso también fue contratado Héctor Sándoval Moreno como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, grupo que tiene como presidenta a Catherin Palomino de JP.Sandoval fue director de Barbadillo hasta noviembre del año pasado.

Ninguno de los tres contratados respondió por los cuestionamientos.

No es la primera vez que JP es involucrado en una polémica contratación.

Hace un menos se reveló que al menos 10 personas que firmaron el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, fueron contratados como asesores en el grupo parlamentario.

SE VAN

Al respecto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que el personal involucrado del establecimiento Barbadillo será removido de manera inmediata de sus cargos.

“Esta decisión responder a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el INPE adoptará acciones administrativas y legales que correspondan respecto de los hechos evidenciados, conforme a sus competencias y al marco normativo vigente.

“La institución exige a todos sus servidores una conducta íntegra y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades. Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario”, agregó la entidad.

El INPE recordó que en su compromiso con la lucha contra la corrupción presentó, a través de la delegación de facultades, diversas propuestas normativas que no permitirán que intereses ajenos a la función penitenciaria comprometan la institucionalidad.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló que los directores de penales son funcionarios de carrera, no son de confianza, por lo que no presentan declaración jurada.

“Por eso es importante seguir incorporando oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro, expertos en seguridad”, indicó.

En su cuenta X (antes Twitter) dijo que la relación contractual de familiares de los funcionarios del INPE con los internos, “no solo constituye falta ética, sino también infracción laboral”.

PERMANENCIA

Uno de los primeros representantes de JP en pronunciarse fue Ernesto Zunini.

“Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada tras la denuncia pública que cuestiona su contratación”, escribió en X.

Desde su punto de vista, el proyecto de ley de aministía que presentó JP para buscar la libertad del expresidente Pedro Castillo, no debe verse deslegitimado, sino que su contenido debe debatirse.

Humberto Morales, senador de JP, dijo desconocer quién tomó la decisión para las contrataciones.

“No sé quién tomó la decisión y en qué condiciones. En todo caso, entiendo que cumple la ley, no hay ningún impedimento legal, en ese marco deben haber contratado”, afirmó.

En esa línea, señaló que el contrato lo hace el Congreso, por lo tanto, la institución está a cargo del control si se cumplen o no los requisitos.

“Ni siquiera los parlamentarios contratamos al personal, lo hace el Congreso. Los perfiles son filtrados, somos responsables los que proponemos”, apuntó.

Correo solicitó información sobre la permanencia de los mencionados trabajadores al equipo de prensa de JP. Sin embargo, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Tampoco se ha pronunciado hasta la fecha Roberto Sánchez, presidente del partido JP y jefe del Gabinete de Asesores de la agrupación en el Congreso.

REACCIONES

Desde el Congreso se registraron una serie de reacciones.

La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) le envió un oficio a Miguel Torres, presidente del Congreso, para que las áreas competentes den información sobre diferentes puntos.

Primero, que informen sobre los procedimientos y controles aplicados para la contratación de las personas que fueron identificadas en el reportaje, específicamente, si se verificó o no el cumplimiento de los requisitos para el puesto, la existencia de vínculos familiares que pudieran generar conflicto de intereses y si presentaron declaraciones juradas.

En segundo lugar, que se informe se iniciaron una investigación administrativa a raíz de los hechos denunciados.

Finalmente, pidió que se informe sobre la normativa interna, directivas y mecanismos de control vigentes para prevenir y detectar conflictos de inereses en la contratación de personal de despachos parlamentarios, grupos parlamentarios y comisiones.

Su colega de bancada, Aldo Bravo, calificó como un “escándalo” el caso que protagoniza JP.

“Es un ecándalo absoluto ¿Esto qué cosa es? ¿una agencia de empleos? ¿es una compraventa de favores políticos? ¿trátame bien a Castillo y yo contrato a tus hijos”, afirmó.

Por su parte, el diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular) señaló que el caso no necesariamente iría a la Comisión de Ética, si es que el personal cumplió con los requisitos establecidos para la contratación.

La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) le envió un oficio al presidente del Congreso, Miguel Torres, para que las áreas competentes envíen información sobre la contratación de familiares del personal del INPE en Juntos por el Perú. https://t.co/T7HvSCI29l

— Sofía López (@SofiaLopezLl) November 9, 2026

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