La contratación de familiares directos de agentes del INPE y de un exdirector del penal de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo, fue revelada en un reportaje de Cuarto Poder.

Según la investigación, estas personas obtuvieron puestos remunerados en despachos de congresistas, la bancada parlamentaria y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, espacios vinculados a Juntos por el Perú.

La coincidencia de estas contrataciones despertó cuestionamientos sobre un posible beneficio al personal penitenciario responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones de reclusión del exmandatario, quien permanece detenido tras el fallido intento de quiebre constitucional de diciembre de 2022.

Uno de los casos identificados es el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, quien trabaja como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas y percibe un sueldo de S/8.300. La trabajadora es hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo. El pasado 18 de octubre, cámaras de América Televisión captaron al funcionario trasladando en su vehículo a un visitante del exmandatario, luego de que este saliera del centro penitenciario.

Otro caso corresponde a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con una remuneración de S/8.000. Él es hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE.

A estas contrataciones se suma la incorporación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la parlamentaria Catherine Palomino Casavilca. Su designación genera cuestionamientos debido a que este grupo de trabajo tendrá a su cargo la evaluación de proyectos de amnistía. En ese sentido, Sandoval fue citado en 2023 por la Comisión de Fiscalización para responder por presuntas facilidades concedidas al expresidente.

La diputada Azucena Isla Rojas afirmó que la contratación de Yulissa Lucero respondió a una necesidad de su despacho y descartó que el expresidente Pedro Castillo le haya recomendado incorporar a la trabajadora. Además, aseguró que no tiene ningún vínculo ni conoce al director del penal de Barbadillo.

Por otro lado, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado evitaron pronunciarse ante la prensa sobre una posible influencia de sus padres en sus respectivas contrataciones. A su vez, Héctor Sandoval negó que el expresidente haya intervenido en su incorporación a la Comisión de Justicia y derivó las consultas sobre su trayectoria profesional a la oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República.

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