El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que removerá de sus cargos al personal del penal de Barbadillo involucrado en los vínculos revelados entre trabajadores penitenciarios, personas del entorno de Pedro Castillo y funcionarios del Congreso. La decisión se conoció el domingo 8 de noviembre, luego de que Cuarto Poder expusiera la contratación de familiares de agentes que participaron en la custodia del expresidente por parte de la bancada de Juntos por el Perú.
A través de un comunicado, la institución calificó los hechos como graves y señaló que la medida busca garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario. Además, informó que adoptará acciones administrativas y legales contra los involucrados, de acuerdo con sus competencias y el marco normativo vigente.
INPE removerá a trabajadores del penal de Barbadillo tras reportaje
El INPE justificó la separación del personal involucrado por la gravedad de los vínculos expuestos en el reportaje. Según el comunicado difundido el 8 de noviembre, los trabajadores del establecimiento penitenciario serán retirados inmediatamente de sus funciones como parte de una medida para preservar la seguridad y el orden dentro del recinto.
La entidad también advirtió que ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer las responsabilidades del personal penitenciario. En ese sentido, exigió a sus servidores mantener una conducta íntegra y cumplir estrictamente sus obligaciones.
Asimismo, anunció que evaluará las responsabilidades correspondientes y adoptará las medidas administrativas y legales que resulten pertinentes. El INPE sostuvo que su gestión impulsa propuestas normativas contra la intervención de intereses ajenos a la función penitenciaria en las instituciones del Estado.
Contratos de familiares de agentes del INPE en el Congreso
El reportaje identificó a Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo. La joven fue contratada como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, con una remuneración mensual de S/8.300.
Otro caso corresponde a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente penitenciario Juan Ramón Hurtado Barrenechea. El joven consiguió un puesto como técnico de la bancada de Juntos por el Perú, con un sueldo de S/8.000.
La investigación también expuso la contratación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la diputada Catherine Palomino Casavilca. Este grupo parlamentario tiene a su cargo la revisión de iniciativas relacionadas con una posible amnistía para Pedro Castillo.
#CuartoPoder
— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 9, 2026
De Barbadillo al Congreso: exfuncionarios que custodiaron a Pedro Castillo y familiares de quienes aún lo vigilan consiguieron contratos en el parlamento, en la bancada de Juntos por el Perú. La hija del mismísimo director del penal y el hijo de un agente del INPE… pic.twitter.com/rVkVm8zibU
¿Qué se dijo sobre los trabajadores involucrados?
La diputada Azucena Isla Rojas negó que Pedro Castillo le hubiera recomendado contratar a Yulissa Lucero. La legisladora aseguró que la incorporación respondió a una necesidad de su despacho y sostuvo que no conoce al director del penal de Barbadillo.
Por su parte, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado evitaron responder a las preguntas de la prensa sobre una posible influencia de sus padres en sus respectivas contrataciones. En tanto, Héctor Sandoval descartó cualquier intervención del expresidente en su nombramiento como asesor parlamentario y atribuyó su incorporación a sus méritos profesionales.
Tras la difusión del reportaje, el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, también solicitó la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada cuestionado por su contratación.
Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación. Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y…
— Ernesto Zunini (@ernestozunini) November 9, 2026
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