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Un reportaje de Cuarto Poder reveló que familiares directos de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), vinculados a la custodia de Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, consiguieron puestos remunerados en el Congreso. Las contrataciones se realizaron en despachos parlamentarios, la bancada de Juntos por el Perú y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Uno de los casos corresponde a Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del establecimiento penitenciario donde permanece recluido el expresidente. La joven trabaja como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, con un sueldo de S/8.300.

Familiares de trabajadores del INPE contratados en el Congreso

Además de Yulissa Lucero, el reportaje identificó a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, quien ingresó como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con una remuneración de S/8.000. Es hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE vinculado a la custodia de Pedro Castillo.

A estos casos se suma Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, quien fue contratado como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la parlamentaria Catherine Palomino Casavilca. Su incorporación genera cuestionamientos porque este grupo de trabajo evaluará proyectos de amnistía.

Sandoval también fue citado en 2023 por la Comisión de Fiscalización del Congreso debido a presuntas facilidades otorgadas al expresidente durante su reclusión. Por otro lado, las cámaras de América Televisión registraron a Calixtro Lucero Rodríguez el pasado 18 de octubre cuando trasladaba en su vehículo a un visitante de Castillo, luego de su salida del penal.

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De Barbadillo al Congreso: exfuncionarios que custodiaron a Pedro Castillo y familiares de quienes aún lo vigilan consiguieron contratos en el parlamento, en la bancada de Juntos por el Perú. La hija del mismísimo director del penal y el hijo de un agente del INPE… pic.twitter.com/rVkVm8zibU

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 9, 2026

Diputada habla sobre la contratación de la hija del director del Barbadillo

La diputada Azucena Isla Rojas aseguró que la incorporación de Yulissa Lucero respondió a un requerimiento de su despacho. Asimismo, negó que Pedro Castillo le hubiera recomendado el nombre de la trabajadora y sostuvo que no conoce al director del establecimiento penitenciario.

La parlamentaria rechazó así que el nombramiento tuviera alguna relación con el expresidente, quien permanece recluido en Barbadillo desde diciembre de 2022. Isla forma parte de Juntos por el Perú, agrupación a la que también pertenecen los parlamentarios vinculados a las otras contrataciones expuestas por el reportaje.

Por su parte, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado evitaron declarar ante la prensa sobre una posible influencia de sus padres en sus respectivos nombramientos. Ambos fueron consultados por los vínculos familiares con trabajadores del INPE, pero no ofrecieron comentarios.

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La hija del director del penal de Barbadillo, donde está recluido Pedro Castillo, fue contratada en el Congreso con un sueldo de S/ 8,300. Yulissa Lucero trabaja en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, quien visita al expresidente ►… pic.twitter.com/TWB0evOLnb

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¿Qué dijo el exdirector de Barbadillo sobre su contratación en el Congreso?

Héctor Sandoval Moreno descartó que Pedro Castillo haya intervenido en su incorporación como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El exdirector del penal rechazó cualquier interferencia del exmandatario en su nombramiento.

Ante las consultas sobre su experiencia y los méritos profesionales que respaldaron su contratación, Sandoval remitió las preguntas a la oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República.

Su incorporación a la comisión parlamentaria adquiere relevancia por su anterior responsabilidad en el penal donde permanece recluido Castillo y por los cuestionamientos que enfrentó en 2023. El reportaje de Cuarto Poder expuso estos nombramientos, aunque no acreditó que las contrataciones constituyeran una recompensa por supuestos beneficios penitenciarios concedidos al expresidente.

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