Perú regula en IA más de lo que innova: su “fiebre legislativa” es la tercera en Latam

¿Colocar más marcos normativos significa progresar? Oscar Montezuma, CEO de la firma y especialista en derecho digital, identifica que el exceso de propuestas podría generar inseguridad jurídica.

LEA TAMBIÉN: ¿Tu mype no “despega”? Digitalizar sin orden es retroceder: así se gana eficiencia

Concentración de regulación

Desde 2024, Latinoamérica ha experimentado un notable incremento en la presentación de proyectos de ley relacionados con Inteligencia Artificial. En ese sentido, la distribución de las iniciativas muestra una concentración en Argentina (49) y México (48), que en conjunto abarcan casi la mitad del total regional. Les siguen Perú (34), Brasil (21), Chile (14) y Colombia (13).

En detalle, Perú ya cuenta con cuatro leyes aprobadas —el Decreto de Urgencia N° 007-2020, la Ley N° 31814, la Ley N° 32082 y la Ley N° 32314— y un reglamento vigente relacionado con la IA, el mismo que establece dos categorías de riesgos en su uso: indebido y alto.

“En el caso peruano existe un entusiasmo muy activo por parte del Congreso en regular esta materia, aun cuando existen leyes y un reglamento en curso. [...] No debemos insistir con intensidad porque lo que podemos generar es la sobrerregulación o que la regulación bloquee la innovación en vez de habilitarla”, analiza Montezuma.

El experto trae a colación un estudio que este diario abordó anteriormente: el Índice de Competitividad Digital 2025, a cargo del Institute for Management Development (IMD) junto con Centrum PUCP. El ranking puso la lupa sobre los pilares de conocimiento, tecnología y preparación para el futuro, y halló que el Perú ocupa el lugar 64 de 69 economías.

“Cuando hacemos el match entre ambos estudios, caemos en cuenta de que somos los primeros en regular algo en lo que todavía no hemos desarrollado suficientes competencias. Eso puede ser contraproducente”, añade. Y recuerda, ante tal escenario, que la mayor parte de las naciones de Latinoamérica “no destaca por ser productora de tecnología, sino consumidora”.

“Nuestros marcos normativos no pueden ser tan rígidos ni sancionadores si ni siquiera hemos desarrollado el tema de fondo. Al final, la gran preocupación es que se termine generando una barrera para el propio ecosistema local. Las empresas que vengan de afuera apagarán el botón ante Perú y dirán ‘Me voy’”, acota.

`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector("figcaption"); if(figcaption) figcaption.style.display="none"; modalWrapper.querySelector(".s-multimedia__close-modal").addEventListener("click",()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display="flex"; if(caption) caption.style.display="block";});})})});});

LEA TAMBIÉN: Banca en Latinoamérica acelera su transformación digital con IA y análisis de datos

El error: el tecnopánico como eje

La exageración en la cantidad de potenciales marcos normativos responde a una reacción social ante lo novedoso. En palabras de Montezuma, al tecnopánico: “El grueso de estos proyectos nace del tecnopánico; o sea, muy pocos tienen el enfoque habilitador; se caracterizan, más bien, por tener un enfoque de miedo”.

Precisa: “El problema está en que, además, estos proyectos tienen un componente penal”. El tema preocupa al experto porque “el derecho penal normalmente interviene en situaciones extremas o de última ratio”. “Estamos yendo en la línea de sancionar algo en lo que todavía no hemos desarrollado su máximo esplendor. Hay un desfase”, reitera.

No obstante, Montezuma reconoce que la criminalidad en el país promueve la adopción de estas medidas: “Parece que el riesgo ya no es solo físico, sino también digital. Es decir, se agrega un frente más y se desatan situaciones de suplantaciones de identidad o estafa, [...] pero la sobrerregulación de la IA puede generar más problemas que respuestas”.

El síntoma, asimismo, es transversal entre las naciones de la región. De acuerdo con el informe, los delitos y agravantes constituyen la categoría más recurrente, lo que refleja una preocupación generalizada por adaptar el derecho penal a nuevas formas de criminalidad habilitadas por la IA.

Estos proyectos en Latinoamérica buscan tipificar y sancionar conductas como deepfakes con contenido sexual no consentido, suplantación de identidad o violencia digital. Pese a ello, debe contemplarse que muchas de estas conductas ya están prohibidas y no requieren una actualización legal específica para incluir el aspecto tecnológico.

Leer artículo completo en gestion.pe →