Un grupo de padres de familia del colegio privado Innova Schools, sede Mayorazgo en el distrito de Ate, se congregó frente al plantel con carteles y arengas para exigir justicia. La protesta estalló tras conocerse una gravísima denuncia por el presunto abuso sexual de un niño de 10 años, ocurrido dentro de los servicios higiénicos de la institución. Según el escalofriante testimonio de la madre, el hecho se registró a la hora de salida, cuando su hijo fue abordado y reducido físicamente por cuatro estudiantes de sexto grado de primaria, de entre 11 y 12 años. “Le han tapado la boca, le han agarrado las manos y le han sujeto las piernas”, relató la progenitora completamente quebrada.
La madre acusó directamente a la directora Zaira Novoa Flores y a la psicóloga del colegio de haber minimizado la agresión y no actuar a tiempo, pese a tener conocimiento previo del caso. Tras una reunión con las autoridades del plantel, denunció que todo quedó en falsas promesas. Posteriormente, la intervención del médico legista confirmó el abuso sufrido por el menor, lo que encendió las alarmas de toda la comunidad escolar, que ahora teme por la seguridad de sus hijos.
Ante la ola de protestas y la presión legal de la abogada de los padres, Muriel Mongrut, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales por tres días, pasando a la modalidad virtual. Además, la cadena educativa anunció la destitución y el cambio de la dirección del plantel desde el lunes 6 de julio, así como la instalación urgente de nuevas cámaras de seguridad. La abogada Muriel Mongrut, quien ejerce la representación legal de los padres, cuestionó duramente el manejo del colegio y de las autoridades competentes.
La abogada Mongrut reveló que la directora y los representantes del colegio Innova Schools de Ate minimizaron la gravedad del caso en las primeras reuniones. Además, advirtió que la institución ya registraba preocupantes antecedentes en la UGEL por presuntos casos de violencia física y psicológica que no recibieron atención oportuna. Detalló que existen denuncias del 23 de junio y del 2 de julio que demuestran dos casos de violencia psicológica y uno de violencia sexual previos.
La letrada también arremetió contra la falta de seguridad de la infraestructura escolar, denunciando que el plantel de Mayorazgo no contaría con los protocolos adecuados para atender situaciones de violencia sexual ni con un plan de evacuación ante emergencias. Alertó de forma contundente que el colegio solo disponía de dos cámaras de vigilancia para cubrir un espacio de aproximadamente 450 metros cuadrados. A esto se suma el reclamo de los padres por la presencia de conductas inapropiadas en otros salones de sexto grado, donde se hallaron dibujos de órganos sexuales, una situación que ya había sido advertida con anterioridad al colegio.
La inacción de las autoridades policiales y judiciales también fue el blanco de las críticas. La defensa legal y la madre afectada denunciaron que, una semana después de haberse asentado la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, esta todavía no figuraba en la Fiscalía de la Nación, acusando una acción tardía por parte de los agentes. Durante las manifestaciones, criticaron severamente que ni la Policía ni los representantes de la UGEL se hicieran presentes en el plantel de forma inmediata para realizar las diligencias correspondientes, permitiendo incluso que los escolares señalados como presuntos agresores continuaran asistiendo a clases con total normalidad en los primeros días.
Frente a este escenario de riesgo, los padres de familia exigieron la suspensión preventiva inmediata de los escolares involucrados. La abogada Mongrut precisó que se han identificado a siete alumnos de un aula de sexto grado, pero explicó que la decisión de suspenderlos formalmente de la institución no depende del colegio, sino de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) activó un proceso de supervisión para verificar si el comité de gestión de bienestar del colegio Innova Schools cumplió rigurosamente con los protocolos de violencia sexual, según anunció su titular, Marcos Tupayachi, quien expresó su profunda preocupación por el caso. Como medida inmediata, la DRELM dispuso suspender las clases presenciales por tres días y migrar a la modalidad virtual, por recomendación del Ministerio de Educación, para facilitar las intervenciones del caso.
Ante el estallido del escándalo y las protestas de los padres de familia, la cadena educativa emitió un comunicado oficial asegurando que el caso ya viene siendo investigado por las autoridades y que se ha registrado el hecho en la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación. En el pronunciamiento, Innova Schools enfatizó que se abrirán espacios de escucha activa con los delegados de todos los grados, bajo la conducción de la nueva dirección y con el soporte de su equipo centralizado de bienestar.
Como medida de reorganización interna, la institución informó que desde el lunes 6 de julio se ha designado a un nuevo director para la sede de Mayorazgo y se ha incorporado personal dedicado exclusivamente al control de disciplina y cuidantías en espacios comunes. Además, anunciaron la instalación de cámaras de video adicionales desde este martes 7 de julio, que se sumarán a las 31 que aseguran tener operativas.
No obstante, Innova Schools precisó que no pueden adelantar más detalles del caso por respeto y protección a la ley de menores de edad involucrados, pero prometieron aplicar “todas las medidas disciplinarias que sean necesarias” una vez que concluyan las investigaciones oficiales de los entes competentes. Al tratarse de menores de edad, se reconoció que los hechos se calificarán de manera distinta bajo el sistema de justicia juvenil, pero se recalcó que esto no resta gravedad al asunto y se recordó que los padres de los implicados mantienen la responsabilidad legal sobre las conductas de sus hijos.
Tupayachi aseguró que se realizarán mesas de trabajo con los padres para escuchar sus demandas y coordinar las indagaciones junto con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó que ya presentó la documentación formal ante la Fiscalía y la Policía para acelerar el esclarecimiento de este condenable caso que ha puesto en jaque la seguridad escolar en el distrito de Ate. Un equipo de especialistas del Programa Nacional WarmiÑan y del Centro Emergencia Mujer (CEM) de La Molina acudió al colegio en Ate para brindar soporte emocional, contención psicológica y un plan de seguridad integral al menor afectado y a su madre, informó el ministerio.
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