Más de 70 balsas tipo draga estarían operando en el río Pachitea, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, para realizar actividades de extracción ilegal de oro. Así lo informó el subprefecto provincial, René Oliveira, quien también señaló que la minería ha provocado la deforestación de aproximadamente 1500 hectáreas de bosque. Según el funcionario, los distritos más afectados son Puerto Inca y Yuyapichis.
La presencia de estas embarcaciones fue reportada por pobladores de las comunidades ribereñas, según un informe de la Subprefectura Provincial de Puerto Inca, fechado el 19 de octubre de 2026. El documento, dirigido a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, señala que alrededor de 70 balsas dedicadas a la extracción de oro se encuentran en el tramo comprendido entre Tournavista y Puerto Inca.
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Alertan sobre afectaciones al río Pachitea y pérdida de bosques
Oliveira advirtió que las actividades mineras en el cauce del río podrían afectar a las poblaciones que utilizan sus aguas para el consumo y otras necesidades domésticas. El funcionario denunció una posible contaminación por mercurio asociada con la extracción de oro. Sin embargo, no presentó resultados de análisis que permitan confirmar la presencia de este metal en el agua.
Respecto a la deforestación, el subprefecto estimó que más de 1500 hectáreas de bosque han sido afectadas por la expansión de la minería en Puerto Inca y Yuyapichis. Indicó que las actividades extractivas se desarrollan tanto en terrenos forestales como en el cauce del Pachitea. La cifra corresponde a una estimación de la autoridad provincial y no está acompañada de estudios técnicos en la información proporcionada.

Subprefecto cuestiona la actuación de las autoridades
El funcionario cuestionó las acciones de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco frente al avance de la actividad minera. Según sostuvo, la entrega de concesiones y los procesos de formalización estarían facilitando la expansión de las operaciones en la provincia. También señaló que falta coordinación entre el Gobierno Regional, las municipalidades, la Fiscalía Ambiental y las entidades encargadas de la gestión del agua.
Oliveira también expresó dudas sobre la efectividad de los operativos de interdicción. Según indicó, algunas embarcaciones se retiran de las zonas de extracción cuando se programan intervenciones. El subprefecto planteó la posibilidad de que exista una filtración de información, aunque reconoció que no cuenta con pruebas para identificar a posibles responsables.
Reportan amenazas a pobladores de zonas ribereñas
El informe de la Subprefectura Provincial de Puerto Inca también recoge denuncias de amenazas contra pobladores que viven cerca de las zonas de extracción. Según el documento, personas vinculadas con las operaciones mineras habrían mostrado comportamientos violentos frente a los residentes. No se precisó el número de afectados ni se detallaron las denuncias presentadas ante las autoridades competentes.
Por otro lado, Oliveira señaló que parte de los operadores mineros provendría de otras regiones, principalmente de Madre de Dios. Según su versión, algunos establecen acuerdos con propietarios de terrenos para desarrollar actividades de extracción. También expresó preocupación por posibles delitos asociados con esta actividad, entre ellos homicidios, secuestros, tráfico de combustible y trata de personas, aunque no proporcionó estadísticas que permitan determinar su incidencia en la provincia.
Finalmente, la Subprefectura planteó la necesidad de determinar qué entidades tienen competencia para intervenir frente a la presencia de dragas en el río Pachitea. El informe menciona a la Policía Nacional, la Fiscalía Ambiental y la Marina de Guerra del Perú, además de solicitar una evaluación de las autorizaciones y sanciones aplicables. La documentación proporcionada no incluye respuestas de estas instituciones sobre las denuncias ni información sobre medidas recientes para controlar la minería ilegal en la zona.
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