El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 1.380 distritos de 191 provincias del país, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM, publicado este martes 3 de noviembre en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El objetivo de la declaratoria es permitir la ejecución de acciones excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el nivel de muy alto riesgo identificado en las localidades comprendidas, así como desarrollar medidas de respuesta y rehabilitación cuando corresponda.

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¿Qué regiones del Perú están comprendidas en el estado de emergencia?

De acuerdo con la norma, la declaratoria comprende determinados distritos de 24 departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao, ante la amenaza de lluvias intensas durante el periodo 2026-2027.

Las jurisdicciones incluidas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.

La relación específica de provincias y distritos se encuentra detallada en el anexo del Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM. La declaratoria no significa que todos los distritos de estos departamentos estén incluidos.

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Indeci coordinará acciones para reducir riesgos por lluvias intensas

El dispositivo establece que los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar las medidas de prevención, reducción del riesgo y respuesta necesarias, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Las intervenciones también contarán con la participación de los ministerios competentes, así como de otras instituciones públicas y privadas involucradas en la gestión del riesgo de desastres.

Según el decreto, las acciones deberán guardar una relación directa de causalidad con el peligro que motivó la declaratoria. Asimismo, podrán modificarse durante su ejecución, de acuerdo con las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten, siempre que cuenten con sustento técnico de las entidades correspondientes.

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¿Por qué el Gobierno declaró la emergencia ante el Fenómeno El Niño 2026-2027?

La declaratoria responde a la identificación de condiciones de muy alto riesgo ante posibles precipitaciones intensas asociadas al Fenómeno El Niño durante el periodo 2026-2027.

La medida se sustenta en la evaluación técnica realizada por el Indeci, que identificó localidades expuestas a escenarios de peligro cuya atención requiere la intervención de entidades del Gobierno nacional.

De acuerdo con el sustento de la disposición, la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales frente al peligro inminente ha sido superada, por lo que resulta necesaria la participación técnica y operativa de instituciones nacionales.

Es importante precisar que la declaratoria se adopta por peligro inminente y no significa que todos los distritos incluidos ya registren inundaciones o daños ocasionados por lluvias.

Medidas por lluvias se financiarán con presupuestos institucionales

El Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM señala que las intervenciones se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La ejecución estará a cargo de los gobiernos regionales y locales, con participación de los sectores Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

La norma lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori y cuenta con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros y de los titulares de las carteras ministeriales comprendidas.

Con esta disposición, el Ejecutivo busca acelerar la implementación de medidas destinadas a disminuir la exposición de la población y la infraestructura frente a las posibles consecuencias de las precipitaciones intensas.

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