La Defensoría del Pueblo pidió atención integral para la niña y la intervención de otros ministerios, enfatizando la necesidad de brindar atención culturalmente pertinente y asegurar su bienestar emocional.
El COMUAWUY exige a las autoridades investigar a Rufino Toledo Chinkim, señalado como el agresor, y verificar posibles casos adicionales de violencia sexual en la región.Foto: composición LRPor Isabel NombertoDomingo 01 de Noviembre del 2026 · 16:41h
La República en GoogleUna denuncia por presunta violencia sexual contra una niña de siete años en la comunidad indígena de Yahuahua, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, motivó un pronunciamiento del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY) y de la Defensoría del Pueblo. El caso habría ocurrido el 30 de octubre de 2026 y ha generado pedidos de intervención inmediata para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la menor.
En su comunicado, COMUAWUY señaló a Rufino Toledo Chinkim como presunto agresor y solicitó que las autoridades competentes investiguen la denuncia. La organización también pidió verificar los señalamientos sobre posibles hechos anteriores que involucrarían a otras víctimas, así como garantizar la protección de todas las personas afectadas durante las diligencias.
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El presunto agresor es Rufino Toledo Chinkim y se solicita una investigación inmediata por parte de las autoridades.
Defensoría del Pueblo exige investigar la denuncia y verificar posibles casos adicionales en Condorcanqui
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú que intervengan de manera inmediata y especializada para esclarecer la denuncia. Entre las acciones requeridas figuran investigar a las personas presuntamente involucradas, determinar las responsabilidades penales correspondientes y verificar si existen otras víctimas, respetando las garantías del debido proceso.
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La institución también exhortó a las autoridades comunales a colaborar con las investigaciones y priorizar la seguridad de las personas afectadas. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de impedir cualquier intento de conciliación, negociación o encubrimiento frente a denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, COMUAWUY pidió que la información sobre posibles antecedentes sea evaluada por las instancias correspondientes y que las investigaciones se desarrollen sin exponer a las víctimas ni vulnerar sus derechos.
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Además de las diligencias fiscales y policiales, la Defensoría del Pueblo demandó la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud para asegurar la atención integral de la niña. Esta debe incluir asistencia médica y psicológica especializada, así como medidas para resguardar su identidad, seguridad y bienestar emocional.
El organismo también precisó que los servicios deben brindarse con pertinencia cultural y lingüística, considerando que el caso ocurrió en una comunidad indígena. En ese sentido, recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar una protección reforzada a la niñez, conforme a la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente.
Como parte de las acciones de coordinación, se informó que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) Condorcanqui convocó a una reunión para el día siguiente a la difusión del comunicado, con participación del Módulo Defensorial de Condorcanqui. El encuentro busca articular la respuesta de las instituciones responsables de brindar atención y protección a la menor.
Finalmente, la Defensoría anunció que realizará labores de supervisión y seguimiento para verificar que las entidades involucradas cumplan con sus responsabilidades. La institución exigió que la respuesta estatal sea oportuna y que las medidas de protección no se posterguen.
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