El ataque senderista contra el puesto policial de Vilcashuamán, en Ayacucho, ocurrido el 22 de agosto de 1982, que costó la vida de seis efectivos y que ha sido traído desde el olvido por una acusación contra el actual senador de Juntos por el Perú (JP), Íber Maraví, ocurrió cuando ni el gobierno peruano de ese entonces ni el Estado en general tenían noción de lo que ocurría en el país a casi dos años del inicio de la llamada “mucha armada”, por lo que no existía una estrategia para hacer frente a esta naciente lacra.

Desde el gobierno de Fernando Belaúnde no se sabía si estas hordas que irrumpieron en la escena nacional quemando ánforas en Chuschi, Ayacucho, el 17 de mayo de 1980, eran delincuentes comunes, agitadores, guerrilleros, “revolucionarios”, agentes de la CIA enviados para desprestigiar a los grupos de izquierda, o emisarios de la Unión Soviética o de Cuba. No había claridad para determinar el origen de estos atacantes ni mucho menos para crear leyes que permitan procesar a los pocos que lograban ser detenidos.

Al inicio se envío a la Guardia Civil (GC) –capacitada sólo para enfrentar a la delincuencia común y a las guerrillas uniformadas de los años 60– a hacerles frente sin ninguna estrategia. Era obvio. Si en el Estado no lograban ni ponerse de acuerdo para definir a estos salvajes que lanzaban consignas en favor del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, no se podía pedir a la institución policial obtener resultados. Además, si eran arrestados, estos sujetos convertían las cárceles en “luminosas trincheras de combate”

En diciembre de 1982, el gobierno de Belaúnde, desesperado y sin plan, encargó a las Fuerzas Armadas el combate a estos atacantes que llamaban a la “lucha armada” y a la “toma del poder luego de avanzar del campo a la ciudad” bajo el mando del “presidente Gonzalo”, todo esto ante una GC desbordada por esta gente que actuaba según una “ideología” extranjera, que incluía poner como carne de cañón a humildes campesinos mientras los cabecillas e instigadores permanecían en Lima y las aulas universitarias.

¿Por qué cuento esta historia tan dolorosa? Porque hoy, a 46 años de Chuschi y 44 de Vilcashuamán, desde el gobierno, el Estado y la sociedad nos encontramos en una situación similar frente al sicariato, la extorsión, el robo y el secuestro, en que también estamos tratando de definir a estos delincuentes (¿“grupos hostiles”?, ¿“terrorismo urbano”?, etc), mientras los jueces y fiscales sueltan a los capturados; no se sabe si combatirlos con policías o militares; y no hay un sistema carcelario adecuado. No hemos aprendido nada.

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