La bancada del Partido del Buen Gobierno presentó un proyecto de ley para derogar la Ley N.° 32301, conocida como Ley APCI o Ley Anti-ONG, y restablecer el marco normativo que regulaba la cooperación técnica internacional antes de su aprobación. La iniciativa fue impulsada por los diputados Romina Uribe Sáenz y Fernando García Huby y cuenta con las firmas de otros nueve integrantes de la agrupación liderada por Jorge Nieto.
Uno de los principales cambios planteados consiste en eliminar las restricciones al uso de fondos de cooperación internacional para financiar acciones legales contra el Estado. Según la exposición de motivos, la propuesta busca compatibilizar la fiscalización estatal con la libertad de asociación, el derecho de defensa, el debido procedimiento y el acceso a la justicia.
Para ello, el proyecto plantea derogar integralmente la Ley N.° 32301. Además de restituir disposiciones de la Ley N.° 27692, el Decreto Legislativo N.° 719, la Ley N.° 28875 y la Ley N.° 29038, modificadas por la norma cuestionada.
¿Por qué el Partido del Buen Gobierno busca derogar la Ley Anti-ONG?
Los autores sostienen que la Ley N.° 32301, publicada el 15 de abril de 2025, amplió las obligaciones de registro y fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) e impuso nuevas condiciones a las organizaciones que reciben recursos del exterior, incluso cuando provienen de fuentes privadas.
La exposición de motivos cuestiona, además, que las organizaciones deban obtener la conformidad administrativa previa de la APCI para ejecutar determinadas iniciativas. Según los legisladores, este requisito puede retrasar y encarecer los proyectos, incluidos aquellos destinados a brindar asistencia humanitaria.
El documento también advierte que el régimen de sanciones y las condiciones para ejecutar proyectos podrían afectar la autonomía de las organizaciones y la continuidad de sus servicios.
Proyecto busca eliminar restricciones al financiamiento de acciones legales
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es retirar las restricciones que la Ley N.° 32301 establece sobre el uso de recursos de cooperación internacional para financiar acciones jurídicas contra el Estado.
Los autores consideran que esta disposición puede limitar la asistencia legal a personas, comunidades y víctimas que buscan denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos o recurrir a la justicia frente a actuaciones estatales.
La propuesta sostiene que estas personas deben poder recibir asesoría técnica y representación legal independiente para ejercer sus derechos. En esa línea, plantea eliminar las disposiciones que califican como uso indebido de los recursos determinadas formas de financiamiento de acciones legales contra el Estado.
La ley vigente también contempla sanciones económicas de hasta 500 unidades impositivas tributarias (UIT) y la cancelación del registro en casos de reincidencia, según el texto presentado por los legisladores.
Proponen restituir el Comité Consultivo de la APCI
El proyecto también plantea recuperar la participación de la sociedad civil en la estructura de la APCI. Mediante la restitución de las disposiciones anteriores sobre su Comité Consultivo.
De acuerdo con la iniciativa, el Consejo Directivo de la agencia tendría un plazo de 60 días calendario. El cual contaría desde la entrada en vigor de la norma, para adoptar las medidas necesarias para restablecer esta instancia.
La exposición de motivos sostiene que el comité permitiría incorporar experiencia técnica y territorial en las recomendaciones dirigidas a la institución. Asimismo, la propuesta dispone que el Poder Ejecutivo adecue los reglamentos y las normas administrativas relacionadas con la cooperación técnica internacional.
Los autores señalan que derogar la Ley N.° 32301 no significaría eliminar la supervisión estatal sobre los recursos de cooperación internacional. Por lo contrario, permitiría recuperar un marco que, a su juicio, autoriza fiscalizar esos fondos sin afectar derechos fundamentales.
¿Qué cuestionamientos recibió la Ley APCI?
La exposición de motivos recoge críticas formuladas por organismos internacionales. Entre ellas, menciona el pronunciamiento de Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. A su vez hace referencia al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exhortó al Perú a derogar artículos incompatibles con los estándares interamericanos.
La Ley APCI fue aprobada durante la legislatura anterior. La propuesta, presentada entonces por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, obtuvo 81 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.
Durante aquel debate, el entonces congresista José Cueto, de Honor y Democracia, defendió la necesidad de fiscalizar los recursos de cooperación internacional. “No podemos permitir que millones de soles no tengan fiscalización. Acá estamos yendo para que todas, mediante la transparencia, se inscriban y se sepa qué finalidad tienen”, afirmó.
¿Qué sigue para el proyecto de derogación de la Ley APCI?
La iniciativa deberá ser derivada a una comisión de la Cámara de Diputados para su evaluación y eventual debate. Si obtiene el respaldo de la Cámara Baja, continuará el procedimiento legislativo en el Senado.
De ser aprobada por ambas cámaras y no recibir observaciones del Poder Ejecutivo, quedará expedita para su promulgación, conforme al procedimiento legislativo correspondiente.
Por ahora, la derogación de la Ley APCI es una propuesta legislativa y no un cambio normativo vigente.
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