En defensa de las acciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Defesa responsabilizó a los grupos armados por la presencia de menores de edad entre sus líneas.
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Mauricio Guevara CondoreEscucharResumenCompartirUn operativo aéreo y terrestre ejecutado por las Fuerzas Militares en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, Colombia, derivó en la muerte de tres menores de edad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este saldo entre las diez personas fallecidas.
La incursión, bautizada como ‘Operación Amón’, se dirigió contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño (estructura Isaías Pardo), pertenecientes al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
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De acuerdo con el comunicado oficial, de las personas fallecidas ingresadas para su análisis, se lograron identificar nueve cadáveres. El reporte precisó: "Uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados cuatro son femeninos; cinco, masculinos y tres, menores de edad".
Posteriormente, el Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, constató dichos datos y precisó los detalles de los jóvenes abatidos.
Durante el operativo en El Retorno también se logró la captura de un integrante del grupo ilegal y la recuperación de "un menor de edad recuperado y con sus derechos restablecidos". En el lugar, las Fuerzas Militares incautaron un arsenal que incluyó 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones.
Aunque desde la Fiscalía General de la Nación se señaló que en la acción habría caído Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo —cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete y hombre cercano a alias Calarcá, por quien se ofrecían hasta 400 millones de pesos de recompensa—, su nombre aún no figura oficialmente entre los identificados, manteniéndose la expectativa sobre el cuerpo restante que sigue en abordaje forense.
El debate sobre el reclutamiento de menores
Frente a la presencia de menores de edad en el campamento bombardeado, el Ministerio de Defensa aseguró que la operación "observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución", responsabilizando directamente a los grupos armados por instrumentalizar a la infancia.
"El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narco terroristas", remarcó la cartera de Defensa, además anunció un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, la Rama Judicial y la Fiscalía para endurecer las sanciones penales contra las cadenas de mando dedicadas a la captación de menores.
La polémica coincide con advertencias de organismos internacionales y de protección de derechos humanos. La ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó recientemente al Ejecutivo implementar medidas urgentes ante el aumento del reclutamiento infantil, calculando que cerca de 1.500 menores han sido incorporados a filas ilícitas desde 2021.
Citando datos de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Defensa, el promedio de edad de reclutamiento entre 2016 y 2025 se situó en los 15 años, registrando un preocupante 30 % de casos en niños de entre 10 y 14 años, e incluso reportes de víctimas de 9 y 10 años.
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