Es curioso observar cómo, tras una catástrofe, presidentes, ministros o autoridades locales reaccionan con un guion casi idéntico: publican solidaridad, convocan a la unidad y acuden al lugar para registrar su presencia. No hay algo malo en ello necesariamente, pues una autoridad debe conocer las necesidades de la gente para responder frente a una emergencia. Sin embargo, el problema surge cuando confundimos informar con comunicar.

Informar es contar que estuvimos allí; comunicar supone mucho más. En las ciencias sociales llevan años estudiando comunicación política en contextos electorales, gubernamentales o de crisis. Para quienes quieran profundizar, los trabajos de Mario Riorda ofrecen una referencia importante. El contexto ordena la comunicación y define sus límites.

Una catástrofe no es una campaña electoral; no debe convertirse en una sucesión de publicaciones para demostrar quién abrazó más afectados o quién consiguió la fotografía más emotiva. En una situación de crisis, el rol tiene una responsabilidad concreta: contribuir a cerrar la emergencia y reducir la incertidumbre.

Por eso, antes de publicar, un gobernante ante un terremoto o huaico debería preguntarse: ¿esta información ayuda a saber qué hacer? ¿Reduce la preocupación? ¿Explica qué hará el Estado? Si la respuesta es no, estamos frente a propaganda política. Pueden existir cientos de videos y mensajes llenos de solidaridad que no respondan preguntas vitales como: ¿Dónde recibiré ayuda?, ¿qué zonas son seguras?, ¿a quién debo acudir?

Cuando un líder comunica una crisis como si estuviera en campaña, corre el riesgo de convertir el sufrimiento en un acto político. La publicación de Keiko Fujimori mostrando sombreros u otros obsequios tras una emergencia no contribuye realmente a cerrar la crisis ni a reducir la incertidumbre.

La pregunta no es si una fotografía es buena o mala, sino para qué sirve esa imagen en un contexto de crisis. Si las publicaciones priorizan el relato emocional sobre la utilidad práctica, fallan su propósito fundamental. La comunicación efectiva debe guiar a los afectados, no solo documentar la presencia del poder. De lo contrario, se perpetúa la confusión y se diluye la capacidad real de respuesta estatal frente al desastre.

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