El Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura, a nivel nacional e internacional, contra la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez. La decisión, emitida el 14 de agosto por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, busca asegurar que cumpla su condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.

Esta medida responde a la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que condenó a Chávez como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado. El hecho ilícito ocurrió el 7 de diciembre de 2022 y se conoce como el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, la ejecución de esta orden enfrenta un obstáculo: Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, cuestionó la medida. Sostuvo que la captura no sería viable debido a que su patrocinada permanece bajo asilo diplomático en México. La defensa argumenta que dicha protección impide ejecutar la orden mientras se mantenga vigente.

Más allá del tiempo de privación de libertad, la resolución impone dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/12 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado. Este monto debe ser abonado de manera solidaria junto con Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres.

La resolución fue publicada por RRP tras ser emitida formalmente por la corte.

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