El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) convocó a una asamblea general de urgencia para este lunes 17 de agosto, a las 6:00 p. m., en la Casa del Maestro. La reunión se realizará en un contexto marcado por denuncias de extorsión contra transportistas y por el incremento del precio de los combustibles.

Según la información difundida, el sector transporte evalúa posibles medidas frente a la inseguridad y al aumento de sus costos de operación. Entre las acciones que podrían discutirse figura un eventual paro indefinido. La asamblea convocada por el Fredepa definirá las medidas que adoptarán los dirigentes y transportistas.

El presidente del Fredepa, Jhon Lapa, señaló que la extorsión ya se registra en Ayacucho y pidió una respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. La preocupación aumentó luego de que representantes y conductores de las empresas Ruta 7 y Ruta 10 denunciaran mensajes intimidatorios.

Según la denuncia, las amenazas serían atribuidas a presuntos integrantes de una organización identificada como «Los Sicarios de Pamplona». De acuerdo con los transportistas, los mensajes incluirían exigencias de pago de S/300 diarios para permitir que las unidades continúen operando.

Las amenazas también fueron reportadas en el corredor del Vraem. En esa zona, empresas de transporte habrían recibido pedidos de dinero para continuar brindando el servicio. Los dirigentes del sector señalan que esta situación afecta la continuidad de las operaciones y genera preocupación entre conductores y usuarios.

A las denuncias de extorsión se suma el incremento del precio de los combustibles. Los representantes del transporte advierten que este factor eleva los costos del servicio y tiene impacto en la economía de las familias ayacuchanas. Esta situación agrava un escenario donde la inseguridad y la especulación económica golpean directamente a quienes mueven las mercancías.

No se descarta la convocatoria a nuevas movilizaciones o a un paro indefinido del sector transporte como medida extrema ante la pasividad estatal y el encarecimiento de los insumos básicos. La situación requiere una respuesta inmediata que proteja tanto a la vida de los trabajadores como al bolsillo de las familias.

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