El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, descartó que el Gabinete haya discutido una eventual salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y aclaró que esa medida tampoco figura entre los compromisos de campaña de la presidenta Keiko Fujimori.

En entrevista al diario El Comercio, el titular del Minjus cuestionó el funcionamiento actual del sistema y sostuvo que el Gobierno impulsará una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Según explicó, el Perú buscará promover esta propuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en coordinación con otros países.

Álvarez afirmó que algunos trabajadores del sistema responderían a intereses y agendas vinculadas a organizaciones no gubernamentales internacionales, y planteó cambios en sus organismos y funcionarios. “Necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostuvo.

El ministro indicó que solicitará a la presidenta Fujimori respaldar la reforma del SIDH y consideró que esta propuesta constituye una de las principales prioridades del Ministerio de Justicia y de un sector de la comunidad jurídica peruana.

Fuerzas Armadas realizarían control perimétrico de penales

En otro momento, el ministro anunció que el Ejecutivo impulsará, mediante una propuesta legislativa, que las Fuerzas Armadas realicen el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios.

La iniciativa también contempla controlar la instalación de antenas que emplean las organizaciones criminales, además de impedir el ingreso de objetos prohibidos a los penales. En ese contexto, el ministro Ernesto Álvarez adelantó que el proyecto de ley sobre legislación delegada se presentaría a fines de esta semana o a mediados de la próxima, y estimó que, tras su aprobación en el Congreso, los decretos correspondientes podrían quedar listos en aproximadamente dos meses.

Por otro lado, el titular criticó la situación financiera del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y afirmó que la gestión anterior dejó a la entidad sin recursos para cubrir servicios básicos como limpieza y seguridad.

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