La escalada de extorsiones, amenazas y atentados contra el transporte público, que continúa pese a las acciones anunciadas por el Gobierno, volvió a poner en alerta al sector. Tras el ataque armado contra un bus de la empresa Nuevo Horizonte, ocurrido en Ate y que dejó al conductor en estado crítico y a un menor herido, los gremios de transporte urbano evalúan convocar a una nueva paralización nacional.
La posibilidad de un paro será discutida este jueves durante una reunión en la que participarán 12 organizaciones del sector. Los dirigentes sostienen que la medida no respondería únicamente al último ataque, sino a una situación que consideran insostenible. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, aseguró que el sector está dispuesto a colaborar con las autoridades para enfrentar a las organizaciones criminales.
Con la reunión de este jueves, los gremios buscan presionar al Gobierno para que implemente un plan de seguridad que frene la ola de criminalidad que aqueja al sector. Vargas calificó de insostenible la situación que atraviesan los transportistas y remarcó que la medida busca una respuesta concreta ante la violencia que afecta a los trabajadores del volante y a los usuarios.
Vargas confirmó que este jueves se reunirán representantes de 12 gremios de transporte para analizar las propuestas que llevarán al Ejecutivo y decidir si adoptan una medida de fuerza. La reunión será determinante para conocer si los transportistas acuerdan una paralización.
El dirigente aclaró que una eventual paralización no estaría condicionada a que ocurra un nuevo asesinato. El objetivo sería ejercer presión sobre las autoridades para que expliquen cuáles serán las acciones que se aplicarán para contener el avance del crimen organizado. "Una medida de paro va a ser contra nuestros gobernantes, que no nos están explicando cuáles son las medidas que van a implementar ni cómo van a hacerle frente", manifestó.
En declaraciones a Exitosa, Vargas cuestionó la falta de resultados inmediatos frente a la delincuencia y reclamó al Ejecutivo establecer una estrategia concreta para proteger a conductores, pasajeros y empresas de transporte. "Tenemos que trabajar de manera conjunta. Hemos planteado control territorial, que no requiera grandes inversiones. No puede ser que a los tres días de implementarse el Plan Escudo, los delincuentes se estén riendo de todo nuestro país, matando a gente inocente", señaló.
La advertencia llega después del ataque contra un vehículo de Nuevo Horizonte en Ate, un nuevo episodio que vuelve a exponer la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público y que se suma a una serie de amenazas y atentados registrados contra empresas y conductores, especialmente en Lima. Frente a ello, el dirigente aclaró que los transportistas no esperan que la delincuencia desaparezca de manera inmediata, pero sí demandan un plan de acción que permita reducir los ataques y recuperar la seguridad en las rutas.
En ese contexto, los 12 gremios de transporte sostendrán una reunión hoy para decidir los próximos pasos. "Es posible que haya, yo no digo que no; de repente tomamos una medida de fuerza. Tenemos una reunión de 12 gremios de transporte y vamos a adoptar alguna medida, pero es el llamado de atención al Gobierno, porque es el que tiene que ponerse a trabajar", sostuvo. La decisión dependerá de los acuerdos que adopten los gremios y de la respuesta que reciban del Gobierno frente a sus demandas de seguridad.
De concretarse una paralización, podría afectar el servicio de transporte urbano en Lima y también generar repercusiones en el transporte interprovincial hacia otras regiones.
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