La Policía Civil del Distrito Federal de Brasil investiga a ocho hombres, de entre 19 y 31 años, sospechosos de planear atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante la campaña presidencial de octubre, en la que el mandatario Lula da Silva busca un cuarto mandato frente al candidato derechista Flávio Bolsonaro. En los registros realizados no se hallaron armas ni explosivos, y no se produjeron detenciones.

Los investigados residen en Pernambuco, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. No se conocían personalmente ni tenían antecedentes delictivos, y ejercían empleos diversos; uno de ellos es seminarista de un monasterio en Pernambuco, donde los agentes también realizaron registros bajo medidas cautelares. "Están en contra del sistema político. No se definen ni de izquierda ni de derecha", declaró el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Civil, Maurílio Coelho.

Grupo coordinó acciones a través de Telegram

Según la Policía Civil, los sospechosos se conocieron en grupos públicos de Telegram y compartieron manuales de explosivos, mapas, planos arquitectónicos y modelos tridimensionales de edificios ubicados en la región central de Brasilia. Las conversaciones incluían discusiones sobre invasión de inmuebles, selección de objetivos, formación táctica y reclutamiento de participantes en distintos estados.

Las autoridades brasileñas sostienen que los investigados utilizaron esos grupos públicos de Telegram para intercambiar mapas, manuales y discutir posibles ataques contra edificios del Estado.

Brasil reforzó la vigilancia de cara a las elecciones de octubre mientras avanza la investigación La investigación, bautizada como **Operación Red Interrumpida**, está en manos de la **División para la Prevención y el Combate del Extremismo Violento** y ha contado con el respaldo técnico de **Ciberlab**, el laboratorio de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. En la lista de posibles blancos mencionados figuraban el **Congreso**, el **Supremo Tribunal Federal**, todos los ministerios y la planta baja de Planalto, sede del Ejecutivo. El secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, **Victor Fernandes**, fue tajante al precisar que "lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino a la planificación de actos graves de violencia". Además, Fernandes solicitó a la **Agencia Nacional de Protección de Datos** que determine si Telegram incumplió su deber de impedir la circulación de contenidos delictivos, en el marco de la ley que Brasil aprobó en abril para endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales. Por el momento, las autoridades examinan los delitos de asociación delictiva, incitación al delito y glorificación del crimen, así como las normas contra el racismo, sin que los hechos se clasifiquen bajo la **Ley Antiterrorista**. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, **Wellington César Lima e Silva**, resaltó el valor de la reciente legislación digital para enfrentar este tipo de delitos, entre ellas el **Decreto N.º 12.880** y los **Decretos N.º 12.975** y **12.976**, vinculados al **Marco Civil de Internet** y a la protección de mujeres en línea. Mientras tanto, la Policía Civil continúa con el análisis forense del material incautado para determinar el grado de organización del grupo. Las autoridades han reforzado la vigilancia de cara a las elecciones, en un contexto donde la planificación de actos violentos se ha convertido en una prioridad para la seguridad nacional.

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