Un juez del Tribunal Supremo de Brasil autorizó a la Policía Federal a investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por un caso de tráfico de influencias. La decisión fue tomada por el magistrado André Mendonça, quien acató una petición policial para esclarecer la actuación de Lulinha en las gestiones para obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal en programas vinculados con el Ministerio de Salud, según reveló el diario 'Folha de São Paulo'.

Las autoridades apuntan a que Lulinha intercedió en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes en negociaciones con esa cartera. La investigación contra el hijo mayor del mandatario se produce justo en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el dirigente progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

En paralelo, la Policía Federal presentó cargos contra Camilo Antunes, pero en otro escándalo de corrupción detectado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), tras el desvío millonario de prestaciones a pensionados y jubilados. En ese proceso, que investiga el desvío de hasta 6.300 millones de reales (hoy 1.240 millones de dólares / 1.100 millones de euros) en el INSS, Lulinha es citado, aunque no consta como investigado.

Lula parte como favorito para los comicios presidenciales de octubre, por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por golpismo. El caso contra su hijo mayor sacude el escenario político brasileño a pocos meses de una elección en la que el actual mandatario busca volver a imponerse en las urnas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su hijo mayor no gozará de "ningún privilegio" durante la investigación en su contra y que "si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo hace cuando se equivoca". En una entrevista en 'Inteligência Ltda.', el mandatario también señaló que Lulinha, quien reside actualmente en España, volverá a Brasil si finalmente es juzgado en su país.

La nueva pesquisa, autorizada por el ministro de la Corte Suprema André Mendonça, apunta a las negociaciones entre el lobista Camilo Antunes —conocido como 'Careca do INSS' (Calvo del INSS)— y el Ministerio de Salud. Según el expediente, la Policía cree que Lulinha intercedió en favor de Antunes y de otra empresaria amiga suya, Roberta Luchsinger, ejerciendo su influencia tanto en esa cartera como en el gabinete de la Presidencia brasileña, de acuerdo con 'Folha de São Paulo'.

El abogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, cuestionó la medida al sostener que no se halló ninguna irregularidad vinculada al escándalo en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). "Lulinha ya ha demostrado que no tiene ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el INSS y tampoco tiene relación con los negocios de Roberta. La Policía Federal no encontró nada en el INSS y ahora va a buscar en otro lugar. Eso es una investigación prospectiva. Eso es grave", indicó el letrado.

Lula, máximo dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y que se prepara para las elecciones presidenciales de octubre, recordó que desde 2006 su hijo "viene siendo utilizado" por quienes quieren atacarlo. El mandatario dijo confiar en Lulinha, pero advirtió que "si es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona".

"No habrá ningún privilegio. Jamás pediré a un comisario o a un juez no hacer lo correcto", aseveró el gobernante, quien remarcó que, si su hijo es juzgado, tendrá que regresar a Brasil para demostrar su inocencia. "No va a esconderse (...) Va a tener que probar que es inocente. Va a tener que probarlo. Y si es culpable, va a tener que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca", indicó.

El mandatario subrayó, además, que su hijo "no tiene derecho a errar", tomando en cuenta los procesos judiciales por corrupción que él mismo enfrentó durante la segunda década del siglo XXI y que posteriormente fueron archivados por la Justicia, lo que le permitió volver a la vida pública. Con esas palabras, el líder respondió a las consultas sobre el caso que involucra a su primogénito, en un contexto donde el tema sacude a Brasil a pocos meses de las elecciones presidenciales. El jefe de Estado fue enfático al señalar que no solicitará tratos especiales para su familiar ante las autoridades judiciales.

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