La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú ejecutó 595 acciones de contrainteligencia durante el primer semestre de este año, lo que permitió sancionar a 530 efectivos. Entre los castigados figuran nueve agentes ‘coimeros’ de la comisaría de Vitarte, quienes purgan prisión preventiva.
El teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti, inspector general de la institución, afirmó a La República que estas notas de contrainteligencia forman parte de un ‘control activo’ para detectar infracciones disciplinarias y actos de corrupción. “Si un policía traiciona a la institución y cruza la línea, deja de ser policía y se convierte en un delincuente más y hay que tratarlo como tal”, señaló con firmeza.
Las operaciones encubiertas, que incluyeron el uso de cámaras ocultas e infiltrados, buscaron identificar a uniformados que utilizan su cargo para dañar a la sociedad, a los que el alto mando denomina ‘manzanas podridas’. Ríos Tiravanti sostuvo que la clave para que la ciudadanía recupere la confianza en la PNP es la “transparencia radical”, la “depuración activa de malos elementos” y el fortalecimiento de la “ética institucional”.
De los 530 efectivos sancionados, la mayoría fue castigada por hacer un uso inadecuado de las redes sociales, una falta que expone la imagen institucional en plataformas digitales. Las notas de contrainteligencia buscan precisamente frenar esa exposición y evitar que se presenten denuncias formales por parte de la ciudadanía, explicó el oficial.
La misión de la Inspectoría General, indicó Ríos Tiravanti, es detectar y perseguir a los malos elementos dentro de la Policía. En esa línea, recordó que en el Perú hay 280 policías condenados por diversos actos de corrupción, según reportes previos de este diario.
El caso más reciente de esta estrategia fue la captura de 9 policías en Vitarte, entre ellos el alférez PNP Diego García Cueto, señalado como presunto líder, y los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huamán, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López. También está comprendido el comisario de Vitarte, el comandante José Velásquez. “Desarrollamos acciones de contrainteligencia, detectamos conducta disfuncional, por parte de un oficial y 8 efectivos de la comisaria de Vitarte que hacían operaciones policiales prohibidas”, explica el inspector general de la PNP.
“Con el apoyo de drones y cámaras registramos las actitudes criminales de estos malos policías, y como nosotros estamos preocupados por limpiar la casa, actuamos. Aquí la Policía Nacional deslinda con cualquier acto de corrupción y cualquier posible delito y con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) iniciamos los respectivos expedientes”, precisa. A los implicados se les ha iniciado un proceso por infracción muy grave que podría derivar en el pase al retiro. Este miércoles, los 9 policías cumplen una orden de 12 meses de prisión preventiva por exigir coimas a choferes en la Carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito.
“El mensaje es claro para quienes usan el uniforme para delinquir, traicionan a la institución, a sus compañeros y al país. No habrá protección, no habrá privilegios, no habrá impunidad parece ser la consigna”, señala el inspector general. Hasta 2025 había expedientes dispersos, hojas de cálculo, retraso y mucho trabajo manual. Recién este año la Inspectoría General ha modernizado el procedimiento administrativo disciplinario con expedientes 100% digitalizados, trazabilidad completa, alertas automáticas y control en tiempo real, lo que permite una supervisión más eficiente en todo el país.
La PNP ha desplegado este año inspecciones, operativos y acciones de control en distintas zonas del país. “La Policía no defiende a corruptos, los investiga, los captura y los pone ante la justicia”, afirma la autoridad. “Una institución fuerte no es la que oculta sus problemas, sino la que las enfrenta con decisión. Así como actuamos contra quienes manchan el uniforme también reconocemos a policías que cumplen su deber con honor, disciplina y vocación”, añade el alto oficial.
Hace una semana, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para cuatro policías involucrados en un presunto acto de concusión en Lima. Según la investigación, los agentes intervinieron arbitrariamente a un conductor el 23 de junio de 2026 y le exigieron un pago de S/50 para no iniciarle acciones policiales. La víctima transfirió el dinero a una cuenta vinculada con un presunto nexo financiero de la organización, lo que motivó la denuncia formal. El juzgado consideró que existen graves y fundados elementos de convicción contra los efectivos.
El año pasado, 4.188 policías fueron sancionados por faltas y delitos, entre ellos 570 por corrupción. Además, a 594 efectivos se les aplicaron medidas preventivas —como separación temporal del cargo— y otros 27 fueron apartados definitivamente de la institución. Actualmente, la Inspectoría General tiene 22.000 procesos de investigación contra malos policías.
En agosto del año pasado, nueve efectivos, entre ellos el exjefe del Escuadrón Verde, coronel Walter Palomino, fueron detenidos por presuntamente integrar una red criminal que operaba dentro de la institución policial. Según la investigación fiscal, el grupo denominado 'Los Incorregibles de San Juan de Miraflores' sembraba drogas, armas y simulaba operativos para extorsionar a personas inocentes.
El ministro del Interior, José Zapata, explicó que, ante los recientes casos de corrupción, el comando de la PNP ordenó a los generales reforzar el control disciplinario sobre los subordinados, aplicando sanciones inmediatas para no tolerar conductas que afecten el honor institucional. Esta política de 'tolerancia cero' ha sido endurecida radicalmente este año por el Alto Mando de la PNP y el propio ministerio, con controles disciplinarios estrictos, sanciones drásticas a oficiales y suboficiales implicados en actos de corrupción, y el pase al retiro para renovar la institución.
Para mantener la disciplina, la iniciativa de la Inspectoría General se suma a otras acciones de control, como la búsqueda constante de señales de inconducta funcional y corrupción en todos los grados. Se aplica en todos los campos la tolerancia cero al llamado 'espíritu de cuerpo', que no debe confundirse con la complicidad, para procesar a quienes vulneran la ética policial. La medida se enmarca en la reorganización institucional del sector, orientada a separar a los malos elementos y fortalecer la confianza de la ciudadanía.
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