Mientras el país se alista para un nuevo gobierno, especialistas advierten que una de las prioridades debe ser el cierre del Registro Integral de Formalización Minera para frenar la minería ilegal y proteger los ecosistemas. La agenda ambiental que heredará la próxima administración es amplia: minería ilegal, tala clandestina, contaminación por hidrocarburos, deforestación, cambio climático y conflictos socioambientales.

“Nuestras vidas están condenadas a la muerte”, afirma Olivia Bisa Tirko, lideresa del pueblo chapra del Datem del Marañón. Su frase resume más de cinco décadas de explotación petrolera en la Amazonía peruana. “Nos hablan de reactivar la economía, pero ¿de dónde va a salir esa recuperación? ¿Sacrificando otra vez a los pueblos indígenas? Tenemos metales pesados en la sangre, sitios contaminados, personas con cáncer y niños que nacen con problemas de salud. Yo no veo desarrollo; veo gente muriéndose”, sostiene. Las comunidades indígenas exigen reparaciones reales ante problemas como la contaminación y la minería ilegal, que han agravado su salud y seguridad.

A esto se suman demandas concretas: modificar la Ley 31973, conocida como ‘ley antiforestal’ por colectivos ambientalistas; revisar la Ley 32293 por su posible impacto sobre la titulación de comunidades indígenas; atender las advertencias de comunidades asháninkas sobre un proyecto que pondría en riesgo la cuenca del río Ene; y acelerar la remediación de decenas de sitios contaminados por hidrocarburos en Loreto mediante la aprobación del Proyecto de Ley N.° 13084.

Las comunidades indígenas exigen al próximo gobierno reparaciones reales ante problemas como la contaminación y la minería ilegal, que han agravado su situación de salud y seguridad.

Las propuestas y las dudas

El plan de gobierno de Fuerza Popular contempla un programa de cero deforestación ilegal con monitoreo satelital, la creación de un Fondo Verde Amazónico, un registro nacional de pasivos ambientales y monitoreo ambiental en tiempo real, además de incentivos para la economía circular. En materia minera, propone fortalecer la trazabilidad del oro a través del Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), digitalizar trámites y combatir la minería ilegal con acciones coordinadas entre la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Sunat.

Sin embargo, las propuestas generan dudas. Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental, advierte que la política ambiental aparece subordinada al crecimiento económico dentro del plan. “La cuestión ambiental está ubicada dentro del eje económico y no constituye un pilar propio del plan de gobierno. En un país megadiverso como el Perú, la agenda ambiental y climática debería ser un componente estratégico del desarrollo”, sostiene. El exfuncionario alerta que agilizar inversiones no debe implicar reducir estándares ambientales y que metas como disminuir la deforestación requieren una hoja de ruta concreta: “No basta con plantearlas; hay que explicar cómo se van a cumplir”.

Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el abogado Felipe Tapia señala que las promesas deben contrastarse con el historial legislativo del partido. Recuerda que la bancada respaldó la modificación de la cuestionada Ley Forestal, parcialmente declarada inconstitucional por el TC. “El antecedente no es nada positivo. Habrá que ver es si realmente sus propuestas se cumplen”, indica.

Instituciones y minería ilegal

Para Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el mayor desafío del próximo gobierno será recuperar la capacidad del Estado. “La minería ilegal, la deforestación o el cambio climático ya no pueden verse únicamente como problemas ambientales. Hoy son problemas de seguridad, de salud pública, de competitividad y de gobernanza”, afirma. En esa línea, considera que el Ministerio del Ambiente, el OEFA y el Senace deben fortalecerse, y que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe dejar de prorrogarse. “Lo primero que debería hacer el próximo gobierno es dejar de extender indefinidamente el Reinfo. Fue concebido como un régimen transitorio y terminó convirtiéndose en un escenario de impunidad”, advierte.

El abogado ambiental César Ipenza coincide en que la formalización minera debe fortalecerse, pero cuestiona que el plan no incluya el control de las plantas de beneficio, “que en muchos casos se han convertido en un mecanismo para introducir oro ilegal al mercado formal”. También sostiene que la Amazonía debe dejar de verse solo como un territorio de extracción y reconocerse por los servicios ecosistémicos que brinda.

La deuda con la Amazonía

Mientras los especialistas discuten reformas, Olivia Bisa insiste en que la prioridad sigue siendo reparar los daños. “Dicen que habrá desarrollo, pero nosotros llevamos más de cinco décadas de explotación petrolera y no vemos ese desarrollo. Lo que vemos son ríos contaminados, personas con cáncer y niños que nacen con problemas de salud”, afirma. Para Calle, la minería ilegal y la deforestación ya no son solo problemas ambientales, sino también de seguridad, salud pública y gobernanza. Ipenza, por su parte, recalca que la Amazonía debe ser valorada por sus servicios ecosistémicos, no solo por lo que se extrae de ella.

Los especialistas coinciden en que las prioridades del próximo gobierno serán cerrar el Reinfo, fortalecer la institucionalidad ambiental, consolidar la trazabilidad del oro, acelerar la remediación de pasivos ambientales, proteger a los defensores ambientales y avanzar en la titulación de comunidades indígenas. Castro considera que el Congreso deberá revisar las normas que favorecieron las economías ilegales, mientras que Calle sostiene que el desafío ya no pasa únicamente por aprobar nuevas leyes, sino por hacerlas cumplir. Desde Aidesep, advierten que la respuesta frente al crimen organizado debe construirse de manera coordinada con las organizaciones indígenas, cuyos miembros son los primeros en enfrentar amenazas y ataques por defender sus territorios.

“Estamos cansados del doble discurso. Mientras el Perú participa en cumbres internacionales hablando de proteger la Amazonía, aquí se aprueban leyes que favorecen la deforestación o debilitan los derechos de las comunidades”, agrega. Desde el Datem del Marañón, Olivia Bisa resume un reclamo desesperado. “Si realmente quiere reparar el Perú, que empiece reparando el ambiente y los derechos humanos. Si queremos recuperar el país, primero recuperemos la dignidad de las personas y el derecho a vivir en un ambiente sano. La tierra también necesita sanar”.

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