Hasta el primer trimestre de este año, 280 policías habían sido condenados por diversos actos de corrupción, mientras que otros 1.200 efectivos continúan bajo investigación penal, según datos oficiales. Esta crisis institucional ha contribuido a que la confianza ciudadana en la Policía Nacional caiga a niveles históricos.

En los penales del país, 970 miembros de la PNP y de las Fuerzas Armadas purgan prisión por diversos delitos. De acuerdo con cifras de marzo, la población penitenciaria intramuros en condición de empleabilidad como profesionales antes de su ingreso alcanzó los 2.247 internos; de ellos, el 43,2% (970 personas) perteneció a las fuerzas del orden.

Dos casos emblemáticos son los de los suboficiales de tercera Aron Franchito Romero Arribasplata (26) y Freddy Cachique Sinarahua (27), quienes purgan 18 años de prisión por robar en una sede del Banco de la Nación en Loreto. En el asalto, ocurrido en 2021, murió baleado el suboficial PNP Sergio Rengifo Aspajo al tratar de repeler el ataque.

"Imagínate cómo mira a los policías que ingresan al penal cuando hay requisas. Ellos ya son más malviviente que policía", revela un indignado agente penitenciario.

Nueve policías de Vitarte purgan 12 meses de prisión preventiva por actos de corrupción.

Entre los delitos por los que son procesados estos efectivos figuran la extorsión, cobro de cupos, capturas ilegales, manipulación de informes y, en los casos más graves, vínculos directos con organizaciones criminales, sicariato y bandas de extorsionadores. La depuración interna ha sido una de las más fuertes en la institución: solo entre 2024 y 2025, la Inspectoría General de la PNP expulsó a más de 1.000 policías por faltas muy graves.

Dos escándalos recientes reflejan la gravedad de la situación. Este miércoles, el suboficial PNP Alex Oblitas Chambi, miembro de las Águilas Negras que disparó contra el conductor Lizandro Arellano Quintana en el cruce de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias, en San Juan de Miraflores, permanece detenido. La persecución se habría originado ante la negativa del conductor a detenerse, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad tras recibir un disparo.

Sin embargo, el caso más emblemático de este año ocurrió en Ate, luego de que el Poder Judicial dictara 12 meses de prisión preventiva contra nueve policías de la Comisaría PNP Vitarte, incluido el comisario de dicha dependencia, a pedido de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (Segundo Despacho). Los efectivos son investigados por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio, debido a que habrían exigido pagos indebidos a conductores en la carretera Central para evitar imponerles papeletas de tránsito.

El comando de la PNP señaló que la intervención en Ate formó parte de las acciones que impulsa la institución para enfrentar posibles actos irregulares dentro de sus propias filas. Estas labores buscan prevenir, detectar y combatir presuntos actos de corrupción que puedan afectar la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía. La lucha contra la corrupción no distingue grados, cargos ni funciones; cuando existen indicios razonables y mandatos emitidos por las autoridades competentes, la Policía Nacional actúa con firmeza, objetividad y transparencia, contribuyendo al fortalecimiento de una institución cada vez más íntegra, profesional y cercana a la población. “Precisamente para proteger ese esfuerzo legítimo y preservar la credibilidad de la Institución, actuamos con determinación frente a quienes traicionan el uniforme, la confianza ciudadana y los valores que juraron defender”, aseguró el comandante general, Óscar Arriola. Ante los abusos de poder y los actos de corrupción, la ciudadanía exige que la PNP continúe investigando, corrigiendo y sancionando cuando corresponda, porque el honor institucional se fortalece al enfrentar los problemas con valentía, transparencia y decisión.

La Policía Nacional del Perú ha reafirmado su política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la legalidad, la ética, la disciplina y la vocación de servicio, según informó el comando institucional. En los penales donde purgan condena malos efectivos, los internos suelen escuchar un reproche constante de parte de los penitenciarios: “Eran policías y ensuciaron el uniforme”. La ley se aplica a todos por igual, sin excepciones ni privilegios, y sin espíritu de cuerpo frente a la corrupción. Dentro de la política carcelaria están prohibidos los abusos policiales. Quien se compromete con algo debe cumplir su palabra; el que rompe esas normas es denunciado y podría ser expulsado, trasladado de pabellón o de prisión. “La ley se aplica a todos por igual. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin espíritu de cuerpo frente a la corrupción”, enfatizan las autoridades.

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