La violencia contra el transporte público en Perú no cede. Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Logística y Transporte, entre enero y mayo de 2026 al menos 54 conductores fueron asesinados por sicarios, en un escenario de extorsiones, cobro de cupos y atentados armados contra empresas del rubro. El gremio advierte que la crisis provoca un abandono masivo de choferes por temor a las amenazas y los asesinatos.
Ojeda señaló que las cifras actuales superan en promedio a las de 2025, cuando más de 70 trabajadores del sector perdieron la vida en todo el año. “Estamos con un promedio peor que el año pasado y eso se refleja tanto en las cifras como en los hechos que se conocen todos los días”, declaró a Exitosa. Actualmente, indicó, se registran hasta tres ataques por semana contra unidades de transporte, concentrados en Lima Metropolitana y el Callao.
Las zonas más golpeadas son el Cono Norte, Cono Sur y Cono Este, donde bandas criminales disputan el control territorial de rutas mediante amenazas, atentados y extorsiones. El representante del gremio alertó que el panorama es más grave que el año anterior y que la violencia criminal mantiene en crisis al sector, lo que ha llevado a un abandono masivo de conductores que temen por su vida.
El impacto económico también es severo. Según Ojeda, las mafias exigen pagos diarios de entre S/15 y S/20 por unidad, más un pago inicial que va de S/20.000 a S/50.000 para permitir el ingreso al sistema de 'cupos'. Aunque un bus de 9 metros puede recaudar unos S/900 al día y uno de 12 metros hasta S/1.300, esos ingresos se destinan a planillas, combustible, mantenimiento, seguros y gastos administrativos, dejando márgenes mínimos para las empresas.
Explicó que las organizaciones delictivas ya no operan de forma aislada, sino que se han segmentado por zonas y compiten entre sí. Esta dinámica ha provocado que algunas empresas deban pagar cupos a más de una organización criminal para evitar represalias. En algunos casos, compañías con flotas de entre 80 y 200 unidades llegan a pagar hasta 13 cupos distintos debido a la presencia de varias bandas en una misma jurisdicción.
Déficit de choferes por falta de seguridad
Ojeda cuestionó la estrategia policial, señalando que las intervenciones se centran en capturar a los gatilleros sin desarticular a las cabecillas. “El problema es que capturan a los gatilleros, pero no a quienes dirigen las bandas. Mientras las cabezas sigan libres, las organizaciones se reorganizan y continúan operando”, sostuvo. La crisis de seguridad también golpea la continuidad laboral: cerca del 35% de conductores profesionales han dejado la actividad por temor a extorsiones o asesinatos. El déficit de choferes se agrava mientras la violencia persiste en el sector.
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