Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su alarma y pidieron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) frenar los procesos disciplinarios contra jueces que aplican el derecho internacional en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), los relatores especiales Bernard Duhaime —sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— y Margaret Satterthwaite —sobre la independencia de los magistrados y abogados— señalaron que “la apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces por aplicar el derecho internacional de los derechos humanos socava gravemente la independencia judicial y representa un serio retroceso para el acceso a justicia de las víctimas”.
Ambos especialistas expresaron su firme respaldo a los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz, así como a un grupo de magistrados de la Corte Suprema que resolvió un importante caso de esterilizaciones forzadas. Estos magistrados sostuvieron el principio de que los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a prescripción, alineándose con dictámenes de organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La ONU advirtió que las acciones de la JNJ representan un grave retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas y socavan la autonomía de los jueces.
La controversia se originó con la entrada en vigor de dos leyes: una promulgada por el Congreso en 2024 que impone la prescripción de delitos de lesa humanidad, y otra oficializada en 2025 que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Frente a este escenario, los relatores de la ONU instaron a la JNJ a detener los procedimientos disciplinarios, subrayando que estos procesos atentan contra la independencia judicial y el derecho de las víctimas a obtener justicia.
Los expertos de la ONU instaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a abstenerse de proseguir con procesos basados en motivaciones políticas. Recordaron que, bajo estándares internacionales, un magistrado solo puede ser suspendido o removido por faltas graves o incompetencia, bajo procedimientos que garanticen la imparcialidad y objetividad. Aunque la "mayoría" de los jueces peruanos han rechazado estas normas aplicando la doctrina del control de convencionalidad, la JNJ ha sometido estas decisiones jurisdiccionales a un "escrutinio" disciplinario.
Como precedente preocupante, los expertos mencionaron el caso del juez Oswaldo Ordóñez, quien no fue ratificado en su cargo por la JNJ tras participar en una audiencia en 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la independencia de los órganos judiciales en el país. Lo hizo en su rol de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP) y miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM). En su presentación, el magistrado dijo: "En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales, en su lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos".
Los expertos enfatizaron que el derecho internacional no permite amnistías ni indultos para crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos. En ese sentido, hicieron un llamado al Estado peruano para revertir los retrocesos legislativos en materia de justicia transicional y poner fin a los ataques contra los operadores de justicia que defienden las normas internacionales de derechos humanos.
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