Policía reprime con bombas lacrimógenas a manifestantes que exigen justicia por muerte de adolescente en comisaría de Manchay

Efectivos de la Policía Nacional lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a una multitud de familiares, amigos y vecinos que se había congregado en los exteriores de la comisaría de Manchay para exigir justicia por la muerte de un adolescente de 17 años. La mayoría de los asistentes tuvo que huir del lugar para ponerse a buen recaudo ante la acción de los agentes del orden. La jornada de protesta había comenzado con una preconcentración en la plaza principal de Manchay, desde donde el grupo se movilizó pacíficamente hacia el frontis de la dependencia policial. Tras permanecer apostados durante varias horas reclamando que las autoridades de la delegación dieran la cara, los policías tomaron la decisión de dispersarlos con las bombas lacrimógenas. El reclamo de los deudos se centra en esclarecer lo ocurrido el pasado 14 de junio, fecha en la que el menor perdió la vida dentro de una celda de la comisaría tras haber estado retenido por un lapso de 48 horas. De acuerdo con la versión de la familia, existen indicios de que el adolescente fue víctima de agresiones físicas durante su custodia, factor que habría desencadenado su muerte. El Ministerio Público ya inició una investigación preliminar sobre el caso. Los familiares denuncian que el cuerpo presentaba signos de violencia, mientras que la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento oficial exigiendo celeridad en las indagaciones. La Defensoría del Pueblo había emitido un pronunciamiento oficial exigiendo celeridad en las indagaciones, y pocas horas después la policía dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes. El caso, por la gravedad de las imputaciones, ha sido tomado por el Ministerio Público, que dispuso el inicio de una investigación preliminar para determinar las causas exactas del deceso y las responsabilidades del personal policial de turno. Por otro lado, el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, demandó al gobierno presentar cifras concretas y estadísticas sobre la lucha contra la delincuencia para recuperar la confianza de la población. En declaraciones a Ampliación de Noticias, Reggiardo señaló que, aunque una paralización como la convocada por los transportistas de Lima Metropolitana y Callao afecta la economía y a los ciudadanos, el reclamo es entendible como una medida para plantear alternativas de solución ante la falta de resultados contra los extorsionadores por parte de las autoridades nacionales.

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