Entre agosto de 2021 y diciembre de 2026, el Congreso promulgó 248 leyes con impacto fiscal adverso, según el Consejo Fiscal. De ese total, 199 incrementan el gasto público mediante compromisos pensionarios o remuneraciones; otras 39 erosionan los ingresos económicos del Estado al crear nuevos beneficios tributarios sin sustento técnico; y 10 leyes aumentan las transferencias a los gobiernos locales. Economistas advierten que se trata de una “bomba de leyes” que tendrá un significativo impacto fiscal y comprometerá recursos futuros del Estado.

Ese dinero ya comprometido es el que falta en la infraestructura educativa y de salud. Las columnas rajadas del colegio Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Santa Anita, son más que un problema de infraestructura: simbolizan lo que el Estado peruano no puede pagar porque los fondos están destinados a otro lado. El director del plantel, Juan Julio Espejo, señaló en el dominical Punto Final que el pabellón de secundaria fue declarado inhabitable por el municipio distrital hace 12 años. Se ven estructuras dañadas, grietas y otras condiciones que ponen en peligro la vida de los estudiantes. A pesar de las visitas de autoridades, el director informó que no se cuenta con un expediente técnico hasta la fecha, por lo que los alumnos estudian en aulas prefabricadas bajo condiciones poco óptimas.

La brecha de infraestructura educativa en el país supera los 35 mil millones de dólares. A esto se suma la falta de atención en hospitales del Perú, como el nosocomio Goyeneche en Arequipa y el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega en Abancay. Sus trabajos de remodelación llevan años en lista de espera y funcionan a capacidad limitada.

Entre marzo y abril de este 2026 se aprobaron nuevas normas de alto impacto fiscal, como la Ley 32581, que homologa las pensiones de los maestros jubilados con un costo de 5 670 millones de soles, y la Ley 32561, cuyo costo asciende a 16 100 millones de soles a 50 años. En total, 101 de estas leyes fueron aprobadas y promulgadas por insistencia del Congreso, y su costo anual representaría un incremento de 36 mil millones de soles en el presupuesto nacional, el más alto registrado en todo el periodo.

Diego Macera, director del IP y miembro del Consejo Fiscal, alertó que la situación se ha puesto “peor” y que deberá enfrentarla el próximo gobierno. “Se destina dinero para este lado y se corta en otro lado, como en infraestructura, programa de becas y más”, sostuvo. Además, advirtió: “Hoy podemos pagar, bien o mal, parte de esto porque tenemos alto precio de los minerales. Pero qué va a pasar cuando en algún momento bajen”.

Ese próximo gobierno heredará también una decisión política de alto costo: si presenta o no acciones de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso que integran esta carga fiscal.

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