El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra dirigentes de su agrupación y comunicadores. La institución acusa a personajes como Hernando Cevallos y Antauro Humala, entre otros, de cometer el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública por convocar a movilizaciones en defensa de la democracia.

“Rechazamos la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra dirigentes políticos, sociales y ciudadanos vinculados a la convocatoria de movilizaciones en defensa de la democracia y de la voluntad popular. Defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito”, señaló Sánchez en X (antes Twitter). Además de Cevallos y Humala, la lista de denunciados incluye a Claudia Cisneros, Lía Valderrama, Pavel Yabar, Luccio Ccallo, César Tito, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar.

El líder de Juntos por el Perú calificó la acción legal como un acto de “amedrentamiento” contra la protesta pública. “La protesta pacífica es un derecho constitucional. No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen legítimamente sus derechos democráticos. Por justicia electoral”, afirmó en redes sociales. Sánchez señaló que se encuentra amparado por el derecho a la protesta pacífica.

Por otro lado, el Ministerio del Interior rechazó la solicitud del partido para acceder a garantías de protección del orden público durante la movilización. El candidato confirmó su participación en la marcha nacional programada para este sábado bajo el lema “Nuestro pueblo viene mañana”.

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, responsabilizó al presidente José María Balcázar por las acciones de la Procuraduría y advirtió que, ante cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los manifestantes, responsabiliza al gobierno. “He intentado comunicarme con el Presidente de la República para expresar mi preocupación por las acciones de la Procuraduría y del Ministerio del Interior contra una movilización pacífica. Defender la democracia, justicia electoral y la voluntad popular no es delito”, indicó Sánchez.

De acuerdo con el dirigente, ha intentado comunicarse recientemente con el mandatario para expresar su posición respecto de las medidas adoptadas. Por su parte, el Ministerio del Interior —liderado por el ministro José Zapata Morante— indicó que no brindaría las garantías de protección del orden público en favor de los manifestantes concentrados en la protesta ciudadana. Según la información difundida, esta decisión se tomó porque el pedido no se realizó con tres días hábiles de anticipación.

Leer artículo completo en larepublica.pe →