Uno de los documentos citados es la carta GGRL-1449-2026, enviada el 3 de junio a ProInversión. En ella, Petroperú solicitó participar de manera activa en todas las etapas relacionadas con la identificación, evaluación, estructuración y aprobación de los bloques patrimoniales que forman parte del proceso de reorganización empresarial. La estatal señaló que necesitaba conocer las implicancias legales, operativas, financieras y patrimoniales de las decisiones que se encontraban en evaluación.
Mediante la carta GGRL-1418-2026, fechada el 1 de junio, Petroperú respondió a las observaciones de ProInversión sobre sus inventarios y liquidez. En el documento, la empresa señaló que parte de la información cuestionada ya había sido entregada previamente a través de informes técnicos y comunicaciones oficiales. Además, sostuvo que las dificultades para mantener inventarios adecuados se debían a restricciones financieras, no a fallas en la planificación operativa.
Las alertas también se extendieron al abastecimiento de combustibles. A través de la carta GGRL-1521-2026, del 5 de junio, Petroperú advirtió que el cierre de puertos en Talara por malas condiciones climáticas incrementaba los riesgos para recibir cargamentos de crudo e insumos estratégicos. La empresa precisó que, debido a sus limitaciones de liquidez, no contaba con niveles mínimos de inventarios de seguridad. En esa misma comunicación, solicitó medidas para asegurar recursos financieros que permitan garantizar mayores volúmenes de crudo y mantener la continuidad de las operaciones de refinación.
A esto se suma la carta GOLE-1390-2026, del 4 de junio, mediante la cual Petroperú informó sobre la declaratoria de fuerza mayor relacionada con el Oleoducto Norperuano. La empresa indicó que la falta de demanda para el transporte de hidrocarburos estaba afectando el equilibrio económico-financiero de esta infraestructura estratégica.
PCM y ProInversión recibieron las advertencias, según el gremio petrolero
Las alertas de Petroperú no solo llegaron a ProInversión. Según Fenpetrol, también fueron remitidas a la PCM y otras entidades del proceso de reorganización, lo que demuestra que las autoridades ya conocían los riesgos de desabastecimiento y falta de liquidez advertidos por la estatal. El gremio sostiene que estos problemas debieron atenderse oportunamente y cuestiona que la empresa haya tenido que reiterar pedidos sobre financiamiento, abastecimiento y decisiones sobre sus activos estratégicos.
Frente a las versiones que califican a Petroperú como inviable, el gremio las rechazó y recordó que la estatal registró una utilidad neta de US$133,2 millones en el primer trimestre de 2026 y más de US$208 millones acumulados al cierre de abril. A su juicio, estos resultados evidencian que la empresa tiene capacidad de recuperación si cuenta con condiciones adecuadas para consolidar su sostenibilidad financiera y operativa.
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