¡QUIERE COPIAR LA TAREA! Con el problema de la inseguridad todavía golpeando al Perú, Keiko Fujimori viajó a El Salvador para conocer de cerca las estrategias de su homólogo Nayib Bukele contra las organizaciones criminales. La mandataria llegó el miércoles 28 de octubre en un vuelo comercial y tiene previsto recorrer el CECOT, la megacárcel que se ha convertido en una de las principales apuestas del gobierno salvadoreño contra las pandillas.
Mira también:La agenda oficial contempla una reunión bilateral con Nayib Bukele y encuentros con autoridades de seguridad, justicia, salud y educación. El objetivo anunciado es intercambiar experiencias en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado transnacional, además de explorar oportunidades de cooperación en otros sectores.
Uno de los puntos centrales será la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado en el municipio de Tecoluca. Allí, Keiko Fujimori conocerá las condiciones de reclusión, los mecanismos de vigilancia y los protocolos penitenciarios aplicados a integrantes de organizaciones criminales. También tiene previsto reunirse con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para abordar el programa “Cero ocio”, la formación policial y el marco legal contra la delincuencia organizada.
COMITIVA MINISTERIAL Y MÁS DE US$22 MIL EN GASTOS
La presidenta viajó acompañada por el canciller Carlos Espá; el ministro del Interior, César Astudillo; el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el ministro de Salud, Luis Dyer. También forman parte de la delegación la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.
De acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, los pasajes y viáticos de los siete integrantes de la comitiva representan un gasto de US$19.616,15 para el Estado. De ese total, US$12.686,15 corresponden a boletos aéreos y US$6.930 a viáticos.
A esa cifra se suma el desplazamiento de Héctor Eduardo Flores León, integrante de la Secretaría de Actividades Protocolares y parte de la delegación de avanzada. Su pasaje costó US$1.470,01 y recibirá US$1.260 por viáticos, lo que eleva el gasto de su viaje a US$2.730,01. En conjunto, los desplazamientos consignados en la información oficial suman US$22.346,16.
Durante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, quedará a cargo del Ejecutivo del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre. Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, asumirá temporalmente la Presidencia del Consejo de Ministros.
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— Canal N (@canalN_) October 28, 2026
AMNISTÍA INTERNACIONAL ALERTA SOBRE DETENCIONES Y MUERTES
La visita también se produce en medio de cuestionamientos al modelo de seguridad salvadoreño. Según el último informe de Amnistía Internacional citado en la información proporcionada, desde la instauración del régimen de excepción más de 90.000 personas han sido detenidas y al menos 470 han muerto bajo custodia estatal. Miles de familias, agrega el documento, siguen buscando respuestas sobre sus seres queridos.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, y continúa vigente mediante prórrogas sucesivas. En octubre de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó la número 56. Amnistía Internacional advierte que se ha convertido en “un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad”.
El propio Nayib Bukele ha reconocido que durante las detenciones se han cometido errores. En 2022 sostuvo que “se puede esperar” un margen de error del uno por ciento entre más de 8.500 arrestos realizados desde el inicio del régimen de excepción. Dos años después, afirmó: “¿nuestra policía ha cometido errores? Por supuesto. Es un proceso en el que nuestro sistema judicial ha liberado a personas inocentes y seguirán liberando a todas las personas arrestadas erróneamente. Ya hemos liberado a 7,000 personas”.
Más recientemente, el mandatario anunció que evalúa un programa de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos del país que presuntamente colaboraron con pandillas. Ante ello, Abraham Ábrego, director legal de la organización humanitaria Cristosal, cuestionó sus términos y señaló que Bukele “no habla de inocentes, sino de ‘colaboradores de pandillas’, para evitar nombrar a los inocentes que él mismo antes llamó ‘margen de error’”.
Mientras se desarrolla el viaje, la violencia contra el transporte público continúa en Lima. El mismo miércoles 28 de octubre, un chofer de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa) resultó herido durante un ataque armado en plena ruta, en el distrito de Lurín. El atentado ocurrió menos de un mes después de otro ataque contra un bus de la misma empresa, conocida como la 10 E o Los Moraditos: el 7 de octubre, dos sujetos dispararon contra una unidad en Pachacámac que trasladaba a unos diez pasajeros. Los ocupantes se arrojaron al piso para protegerse y la Policía encontró 11 casquillos de bala en el lugar.
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