Desde hace 12 días unos 50,000 mineros informales se han desplazado por Lima Metropolitana y algunas regiones para exigir al Congreso la pronta aprobación del dictamen que extiende el Registro Integral de Formalización Minera - Reinfo.

Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin, dijo a Canal N que el Legislativo tiene que priorizar el debate de la extensión del Reinfo porque “los días son apremiantes”, considerando que el plazo vence el 31 de diciembre de este año.

El representante minero consideró “más que suficiente” que se prolongue el Reinfo por dos años, mas algunos sectores exigen que sea hasta por cinco años.

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“Ya el próximo gobierno podrá evaluar y elaborar una nueva ley MAPE”, manifestó.

Cabe añadir que centenares de mineros informales y pequeños mineros se encuentran en el frontis del Congreso y han interrumpido una de las arterias de la Avenida Abancay, lo que dificulta el tránsito para aquellos que quieren ir del Centro de Lima al Rímac o Acho.

El debate del Reinfo está programado para la primera semana de diciembre, lo que avizora más jornadas de caos vehicular en el Centro de Lima.

En todo el año, miles de mineros informales se han concentrado en la avenida Abancay para pedir al Congreso ampliación del Reinfo. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
En todo el año, miles de mineros informales se han concentrado en la avenida Abancay para pedir al Congreso ampliación del Reinfo. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Consecuencias penales de bloquear las calles

El abogado penalista Andy Carrión comenta a Gestión que el artículo 283 sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos como el transporte, electricidad, gas o telecomunicaciones.

“Las penas pueden ser hasta de 6 años de prisión y con agravantes, puede llegar hasta 10 años si hay daños graves o se afectan infraestructuras esenciales”, indica.

A su criterio, una protesta pacífica “no debería interrumpir el transporte público ni la movilización de las personas”, de suceder, se incurre en el delito de disturbio.

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Además, en pleno estado de emergencia, los derechos fundamentales como los de reunión están limitados, por lo cual se faculta al Ejecutivo para dispersar “sin problema alguno” movilizaciones que impliquen el bloqueo de pistas.

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