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por Nicolás Zevallos Trigoso
27 de Octubre del 2026 12:01 PM · Actualizado el 27 de Octubre del 2026 12:01 PMSegún un estudio del Instituto de Criminología, el modelo de negocio de la minería no legal se basa en la violación sistemática de derechos humanos. Frente a esta evidencia, la nueva Ley MAPE debe poner a las personas al centro y explicar cómo va a hacerlo.
En Trujillo, Cajamarca, Arequipa y Piura presentamos a estudiantes y periodistas el estudio del Instituto de Criminología (ICEV) sobre Derechos Humanos y minería no legal. El estudio documenta lo ocurrido en Pataz, La Rinconada y Atico. En cada ciudad la audiencia hizo lo mismo: nombró sus propias zonas, hasta diez sitios por región donde la actividad ya existe y puede crecer.
Las historias que escuchamos explican el mecanismo mejor que cualquier cifra. Una mujer que trabajó en La Rinconada recibió dos ofertas, contrato o trabajo informal, y los informales cobraban más a cambio de ninguna protección. Otros asistentes hablaron de amigos que se van a la mina atraídos por las oportunidades económicas. En ambos casos el trabajador recibe un sobreprecio por asumir un riesgo que el patrón se ahorra.
Solemos pensar que la minería no legal genera daños y que el reto consiste en reducirlos. El estudio del ICEV concluye otra cosa: el modelo de negocio de la minería no legal se basa en la violación sistemática de derechos humanos. Esa base le permite operar sin asumir costos de seguridad ni de contratación. En La Rinconada se estiman 30,000 trabajadores en explotación laboral, en Pataz 15,000 y en Atico 4,000; en cada zona se estiman entre 15 y 25 homicidios al año.
El Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley MAPE. Más allá de las precisiones técnicas, la pregunta es si este proyecto pone al centro a las personas y sus derechos humanos.
Responder eso depende de cómo se entienda el problema. Si el daño es la base del negocio, mitigarlo equivale a administrarlo. Por eso una ley centrada en las personas debe ayudar a controlar la actividad no legal, y esto exige tres tareas.
La primera es evitar que aparezcan nuevos sitios. Si una audiencia puede señalar hasta diez por región, el Estado también puede identificarlos a tiempo. Para ello necesita un sistema nacional de monitoreo y alerta, construido sobre esos mapas locales, que siga los flujos financieros y los puntos críticos de comercialización. Necesita además registros obligatorios en los acopios locales, un eslabón especialmente permeable a la violencia.
La segunda es reducir la violencia en los sitios que ya existen. Para lograrlo hacen falta operativos intersectoriales en los nodos de convergencia criminal, y no fiscalizaciones esporádicas donde la presencia policial es mínima. También se requieren indicadores que permitan reconocer el trabajo forzoso, hoy poco visible a pesar de su intensidad.
La tercera es un shock de formalidad en las zonas con minería no legal. Esto supone que el Estado y los servicios formales lleguen a la vez, con contratos verificables, seguridad y salud, debida diligencia en derechos humanos y asistencia técnica. Así, elegir el contrato deja de costar un sobreprecio. Sin seguridad ni derechos tampoco hay desarrollo en estas zonas.
Por eso, desde las regiones que hemos visitado, pedimos al Ejecutivo y al Congreso una explicación expresa: de qué manera cada medida del proyecto evitará nuevos sitios, reducirá la violencia en los ya existentes y convertirá la formalidad en una protección real para el trabajador. Una ley con las personas al centro responde medida por medida, por escrito y antes de aprobarse.
Una trabajadora de La Rinconada eligió el trabajo informal porque pagaban más. ¿Qué medida de este proyecto la protege de la violencia?
NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.Tags
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