La protección del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, amenazada por el avance de la minería ilegal en Huánuco, continúa enfrentando dificultades. Durante la tercera mesa técnica de seguimiento, realizada el 26 de octubre de 2026, las autoridades reconocieron que no se había efectuado una nueva visita policial de verificación durante el último mes y que aún faltaba esclarecer la ubicación de dos registros vinculados a la formalización minera. La reunión permitió revisar los compromisos asumidos por distintas instituciones, pero dejó pendientes acciones importantes para garantizar la seguridad y atender las controversias en este territorio amazónico.
La situación preocupa por el valor ambiental y científico de Panguana. Fundada en 1968, esta estación biológica ha recibido investigadores de alrededor de 30 países y alberga estudios sobre la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos desarrollados durante casi seis décadas. Sin embargo, desde 2025, aproximadamente 100 hectáreas de su entorno han resultado afectadas por la pérdida de bosque, la apertura de vías ilegales y las actividades mineras, según información presentada por la Fundación Panguana. Las amenazas contra trabajadores e investigadores también han obligado a evacuar personal e interrumpir actividades científicas y educativas.
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En este contexto, la Oficina Regional de Gestión de Conflictos y de Diálogo del Gobierno Regional de Huánuco convocó la tercera mesa técnica para evaluar cuatro compromisos establecidos durante una reunión anterior, celebrada el 24 de agosto. Estos comprenden el seguimiento de una controversia territorial, la verificación de medidas de protección personal, la coordinación entre instituciones y la revisión de información relacionada con actividades mineras en Panguana y el sector Pampas Verdes, ubicado en su entorno. El acta recoge tanto las gestiones efectuadas como las dificultades que impiden dar por cumplidas todas las obligaciones.
La Policía reconoce dificultades para garantizar el seguimiento de las medidas de protección
Uno de los principales puntos abordados fue la situación de seguridad de César Fernando Malatesta Peña, representante de Panguana, quien cuenta con medidas de protección dispuestas por las autoridades competentes. La División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de Puerto Inca informó que mantiene coordinaciones con la Comisaría de Yuyapichis para supervisar su cumplimiento. No obstante, reconoció que durante el último mes no se había realizado una nueva visita de verificación. La última diligencia territorial mencionada en el acta se efectuó el 12 de agosto de 2026, con participación de representantes policiales y autoridades locales.
El mayor PNP David Ernesto López Dancur explicó que las dificultades para ingresar regularmente a la zona están relacionadas con las restricciones de acceso y la falta de recursos logísticos. Según indicó, la Comisaría de Yuyapichis no dispone de una unidad vehicular que permita realizar desplazamientos periódicos hacia Panguana. Por su parte, el subprefecto distrital René Oliveira Sharihua informó que se habían suspendido temporalmente determinadas visitas al área debido a la ausencia de garantías de seguridad suficientes. Ante estas limitaciones, la mesa reconoció las coordinaciones realizadas, pero precisó que todavía no puede considerarse acreditado el cumplimiento integral y continuo de las medidas de protección.
Las preocupaciones también incluyen las presuntas actividades mineras irregulares y los riesgos para quienes permanecen en el territorio. Frente a ello, la Oficina Regional de Gestión de Conflictos y de Diálogo asumió el compromiso de trasladar información y antecedentes a la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco, con la finalidad de que sus integrantes evalúen las acciones que correspondan. Asimismo, se acordó mantener el seguimiento preventivo de la situación de seguridad, sin reemplazar las responsabilidades que corresponden a las autoridades policiales, fiscales y ambientales.
Dos registros mineros continúan pendientes de verificación
Otro de los asuntos centrales fue la situación de las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que reúne a personas y operadores incorporados al proceso de formalización minera. La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco informó que una consulta realizada al 25 de agosto de 2026 permitió identificar seis inscripciones vigentes en el Reinfo dentro del distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca. Sin embargo, el acta precisa que este dato no demuestra que dichas inscripciones se encuentren dentro del ACP Panguana ni acredita que sus titulares estén autorizados para desarrollar actividades mineras en el área.
La incertidumbre se concentra en dos registros específicos cuya ubicación y situación jurídica fueron cuestionadas durante la segunda mesa técnica. Para esclarecer estos casos, la DREM solicitó información al Ministerio de Energía y Minas (Minem), pero hasta el 26 de octubre no había recibido una respuesta oficial que permitiera contrastar su localización con los límites de Panguana y el sector Pampas Verdes. Por ello, la entidad regional se comprometió a continuar las gestiones, entregar las constancias documentales de sus solicitudes y comunicar la respuesta cuando sea remitida. El acta también aclara que estar inscrito en el Reinfo no constituye, por sí mismo, una autorización para realizar actividades mineras en cualquier territorio.
La DREM presentó avances en la recopilación de información técnica sobre derechos mineros, inscripciones en el Reinfo, instrumentos de gestión ambiental y antecedentes de las actividades extractivas en la zona. Además, informó sobre la atención de un requerimiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), aunque todavía debía acreditar documentalmente determinadas remisiones. La mesa consideró atendido este compromiso en su componente de gestiones técnicas y documentales, pero mantuvo pendiente el esclarecimiento definitivo de los dos registros. Por tanto, no se ha determinado oficialmente si corresponden a áreas ubicadas dentro del territorio protegido o del sector en controversia.
Una controversia territorial sin resolver y compromisos que siguen abiertos
La Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco también informó sobre las gestiones relacionadas con una controversia por la georreferenciación del ámbito territorial de Panguana y Pampas Verdes. Según el acta, la entidad solicitó a César Fernando Malatesta Peña documentación que permitiera identificar y verificar el estado de una actuación judicial vinculada con una solicitud de nulidad. Sin embargo, el representante de Panguana explicó que, tras consultar con sus asesores legales, consideró innecesario entregar el cargo solicitado. Esta situación limitó el seguimiento documental que pretendía realizar la DRA. La mesa dejó constancia de las coordinaciones efectuadas, pero no emitió un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia judicial ni dio por concluidas las actuaciones administrativas y técnicas correspondientes.
En cuanto a la coordinación institucional, la Oficina Regional de Gestión de Conflictos y de Diálogo ratificó su responsabilidad de mantener el seguimiento preventivo junto con las entidades integrantes del Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales (COPREGESCON). Además, asumió el compromiso de comunicar formalmente los resultados de esta tercera mesa técnica a Milagros del Rosario Santibáñez Guillén, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Ucayali. La comunicación deberá incluir los antecedentes, las limitaciones identificadas y las preocupaciones relacionadas con la protección de Malatesta, para su evaluación dentro de las competencias del Ministerio Público.
Estas coordinaciones se producen pocos días después del encuentro público sobre la situación de Panguana, realizado el 21 de octubre, en el que representantes de la estación solicitaron medidas concretas frente a la minería ilegal. Durante aquella reunión, el alto comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, Raúl Hoyos, planteó promover la instalación de un puesto de control fluvial móvil y evaluar posteriormente uno territorial fijo. También reconoció que las intervenciones realizadas en 2025 no pudieron sostenerse debido a restricciones presupuestarias y logísticas. Sin embargo, la tercera mesa técnica del 26 de octubre no formalizó la instalación de estos puestos ni estableció nuevas operaciones de interdicción, pues su finalidad fue evaluar el seguimiento de compromisos anteriores.
Al finalizar la sesión, la mesa dio por concluida esta etapa de articulación interinstitucional y dejó a las entidades competentes la responsabilidad de continuar las actuaciones pendientes. Aunque el acta identifica a las instituciones responsables de los cuatro compromisos, no consigna plazos concretos para su cumplimiento. Así, mientras la minería ilegal sigue amenazando el entorno de Panguana y las condiciones de seguridad han obligado a suspender investigaciones y visitas, persisten asuntos fundamentales por resolver. Entre ellos figuran la verificación continua de las medidas de protección, el esclarecimiento de la ubicación de los registros mineros y la respuesta de las autoridades frente a las actividades denunciadas. El resultado de estas gestiones será determinante para establecer si los compromisos documentados se traducen en medidas efectivas para proteger el territorio, a sus trabajadores y casi seis décadas de investigación científica.
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