El gobierno de Keiko Fujimori prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao, como parte de las medidas que viene adoptando contra la inseguridad ciudadana y combatir las extorsiones y el sicariato.
Mira también:Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, esta prórroga empezará a regir desde el 28 de octubre, y durante este periodo, la Policía mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
En ese lapso, si alguien quiere realizar actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, tendrá que pedir permiso a las autoridades respectivas.
NO HAY ESTRATEGIA
En diálogo con Trome, el exministro del Interior, Rubén Vargas, señaló que el extender de forma continua los estados de emergencia demostraría que el Poder Ejecutivo no tiene una estrategia clara para enfrentar a la delincuencia.
“Lo que los peruanos estamos esperando hasta ahora, es saber cuál es la estrategia contra el crimen, la estrategia para controlar el desborde criminal. El estado de emergencia, el plan escudo, el recuento de operativos o detenidos no puede ser la estrategia”, dijo a nuestro diario.
Luego agregó: “Los estados de emergencia no han cumplido su objetivo, y el gobierno tampoco ha hecho un balance de los resultados de los estados de emergencia. Continúa en piloto automático, y eso no está bien para el país. Los peruanos se están impacientando”.
En ese sentido, remarcó que los transportistas siguen siendo víctimas mortales del sicariato y la extorsión, y más negocios vienen sufriendo con estos delitos.
“Se nos dijo que en cada bus iba haber un militar, para evitar que sigan atacando a balazos a los buses. El problema es que no vemos a militares en los buses, seguimos viendo a los choferes como principales víctimas de las extorsiones. Están disparando y ametrallando los buses, llenos de pasajeros (...) Las extorsiones no se limitan a los transportistas, porque vemos que los bodegueros, las farmacias, las ferreterías, todos los emprendimientos están siendo extorsionados. Necesitamos una estrategia general, para enfrentar no solo extorsiones, sino todo el desborde criminal, que tiene territorios controlados”, apuntó.
DEMASIADO TIEMPO
Vargas señaló que ya estamos cerca a cumplir los 100 días, lo cual consideró un tiempo muy largo para que el Gobierno no detalle los planes que busca implementar contra las organizaciones criminales.
“Podríamos decir de que es muy poco tiempo para pedir resultados, pero son 100 días, y eso es mucho tiempo para que el gobierno siga sin una estrategia”, finalizó.
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