La Fiscalía investiga a una red de funcionarias de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, presuntamente, exigía coimas a un juez invidente para mantenerlo en el cargo.
PEDIDO
Todo inició cuando Edwin Romel Béjar Rojas fue nombrado por acuerdo del Pleno de la JNJ como juez superior del distrito judicial de Cusco el 26 de diciembre de 2024. Sin embargo, seis días antes, una persona de sexo masculino se comunicó con él y se identificó como encargado de la Dirección de Selección y Nombramiento (DSN) de la JNJ.
En la comunicación le indicó que requerían de su “colaboración” para asegurar su nombramiento.
Se le pidió la cantidad de dos mil soles, dinero que fue pagado en cuatro operaciones de 500 soles mediante el aplicativo Yape.
La segunda vez que se comunicaron con el juez Béjar fue en octubre de 2025.
La misma persona le indicó que “a pedido de la directora Jerí”, debía colaborar de nuevo con dos mil soles.
Jerí sería Beatriz Jerí, directora de la DSN, cuyo nombre acaparó los medios de comunicación hace siete años cuando fue vinculada al exjuez César Hinostroza, líder de “Los Cuellos Blancos”.
De lo contrario, se tomaría en cuenta que hizo una “falsificación de documentos”, caso que sería elevado para que se le inicie un procedimiento de declaración de nulidad de su nombramiento.
Béjar Rojas solo pudo transferir mil soles y pidió un plazo adicional, pero le informaron que Ximena Leveau (subdirectora de la DSN) ya estaba al tanto de “su falta de colaboración”, por lo tanto, había emitido un oficio para que se determine si hubo vicios en su nombramiento.
MÁS DINERO
Al conocer el proceso en su contra, el juez se puso en contacto con el número de celular que le pedía el dinero, número que correspondería a una persona de nombre Nathali Vega.
Le pidieron dos mil soles de nuevo bajo la amenaza de declarar nulo su nombramiento y su expulsión del Poder Judicial, así que realizó el pago por Yape.
En enero de este año, el mismo número de celular le solicitó 10 mil soles para emitir una opinión favorable de su nombramiento.
Le dieron dos días para pagar, sino, elevarían un informe para anular su designación.
No logró pagar, así que en febrero recibió un oficio donde se le informó el inicio del procedimiento en su contra.
En julio, el juez tomó conocimiento que hubo un cambio en la DSN.
La denuncia fue canalizada por la Procuraduría General del Estado y llegó a manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, institución que ya hizo requerimiento de información.
Correo se comunicó con personal de prensa de la JNJ, la que nos refirió que el caso está en investigación, por lo que se está a la espera de los resultados, y que la institución colabora con las pesquisas respectivas.
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