La provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, impulsa la creación de una Comisión Anticorrupción Provincial. Su objetivo es articular acciones entre instituciones públicas, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa busca prevenir actos irregulares, identificar riesgos y promover una gestión transparente de los recursos del Estado.

Durante una reunión en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en Tingo María, el fiscal adjunto superior Jeremías Rojas Velázquez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, destacó la importancia de involucrar a todos los sectores de la sociedad en esta tarea.

Cárdenas explicó que, ante un eventual incremento del caudal del río Huallaga, la estación de bombeo cuenta con una defensa ribereña que protege la infraestructura. Sin embargo, la empresa también debe prepararse para un escenario contrario. (Foto: Inforegión) Nota relacionada

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El magistrado explicó que la corrupción debilita las instituciones y frena el desarrollo del país. Por ello, señaló que la futura comisión deberá coordinar esfuerzos y establecer objetivos comunes para evitar que cada entidad trabaje de manera aislada.

Prevención de la corrupción desde las aulas y los hogares

Rojas Velázquez sostuvo que combatir la corrupción exige mucho más que investigaciones fiscales y procesos judiciales. También consideró necesario fortalecer los valores éticos desde la familia, los colegios y las universidades. Esto debe hacerse mediante la formación en principios como la honestidad, la responsabilidad y el respeto a la ley.

Asimismo, remarcó que los servidores públicos deben actuar con transparencia, imparcialidad y eficiencia. Esto es esencial, pues su labor consiste en atender las necesidades de la población y administrar correctamente los recursos del Estado. En ese sentido, los integrantes de la comisión tendrán la responsabilidad de identificar posibles riesgos y proponer acciones para prevenir irregularidades.

Rojas Velázquez sostuvo que combatir la corrupción exige mucho más que investigaciones fiscales y procesos judiciales. (Foto: Inforegión)

Falta de personal especializado dificulta las investigaciones

Durante su intervención, el fiscal también expuso las limitaciones que afronta el Ministerio Público para investigar presuntos delitos de corrupción en Huánuco. Según indicó, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con 18 fiscales para atender casos en las 11 provincias del departamento. Por ello, esto exige desplazamientos hacia localidades alejadas donde deben realizar diligencias y supervisar posibles irregularidades en obras públicas.

A esta dificultad se suma la falta de suficientes profesionales especializados, como ingenieros, contadores, economistas y analistas financieros. Estos profesionales resultan necesarios para revisar expedientes, evaluar proyectos y detectar posibles irregularidades en el manejo del dinero público. El magistrado vinculó estas carencias con las limitaciones presupuestales y operativas de las instituciones encargadas de investigar estos delitos.

Pese a estos obstáculos, Rojas Velázquez señaló que el trabajo fiscal se refleja en investigaciones, procesos y sentencias. No obstante, reconoció que los resultados no siempre satisfacen las expectativas ciudadanas. También pidió diferenciar a los funcionarios que infringen la ley de aquellos que cumplen sus funciones de manera honesta y respetar el debido proceso en toda investigación.

La futura Comisión Anticorrupción Provincial de Leoncio Prado se enmarca en los esfuerzos de coordinación que promueve la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003. También responde a los mecanismos establecidos en el Perú mediante la Ley N.° 29976, publicada en 2013, que creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

El principal reto será que esta instancia trascienda las reuniones y convierta la coordinación entre autoridades, instituciones privadas y sociedad civil en acciones concretas. Dichas acciones servirán para prevenir la corrupción, mejorar la gestión pública y fortalecer la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos estatales.

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