La estación biológica Panguana, fundada en 1968 por los científicos alemanes Maria y Hans-Wilhelm Koepcke en la selva de Huánuco, enfrenta una de las mayores amenazas de sus 58 años de historia. Este espacio de investigación, ubicado en la provincia de Puerto Inca, ha contribuido a más de 300 publicaciones científicas sobre los ecosistemas amazónicos. Además, alberga una torre de 48 metros que integra la red AndesFlux y permite monitorear el intercambio de carbono, agua y energía entre el bosque y la atmósfera. Sin embargo, la expansión de la minería ilegal en la cuenca del río Yuyapichis ha obligado a suspender actividades de investigación de campo y ha puesto en riesgo a científicos y trabajadores.
Ante esta situación, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), a través de su iniciativa Amazonía Resiliente y Justa, la Fundación Panguana, la Embajada de Alemania en Lima y el Observatorio de Minería Ilegal organizaron el encuentro “Panguana bajo amenaza: ciencia, conservación y acción urgente frente a la minería ilegal”, realizado este 21 de octubre en Lima. La jornada reunió a especialistas, defensores ambientales y representantes de instituciones públicas para analizar los impactos de esta actividad y discutir medidas de protección para la estación.
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La minería ilegal transforma el paisaje de Panguana
Durante su intervención, Juliane Koepcke, directora de la estación y única sobreviviente del accidente aéreo de LANSA ocurrido en 1971, recordó el trabajo de conservación desarrollado por su familia. En diciembre de 2011, el Estado peruano reconoció a Panguana como Área de Conservación Privada (ACP) a perpetuidad, inicialmente sobre una superficie de 135,6 hectáreas. La científica destacó la importancia de sus bosques y aguajales, ecosistemas que almacenan carbono y contribuyen a la regulación climática. También recordó los proyectos de monitoreo de árboles y las actividades educativas que la estación ha desarrollado durante décadas.
Las imágenes satelitales y fotografías presentadas por Koepcke mostraron la transformación del paisaje a causa de la minería ilegal. La científica explicó que, en septiembre de 2025, una curva del río Yuyapichis todavía conservaba su cobertura forestal. Apenas un mes después, más de 12 hectáreas de bosque ribereño habían desaparecido. Las fotografías más recientes, tomadas el 6 de octubre de 2026, muestran nuevas alteraciones en las riberas y cambios en el cauce del río.
Fernando Malatesta, representante de la Fundación Panguana, sostuvo que durante los últimos dos años la deforestación ha superado las 100 hectáreas en sectores vinculados a Panguana, debido a la apertura de vías ilegales y las actividades mineras. Según explicó, en septiembre de 2025 ingresaron más de 32 máquinas pesadas y, en menos de una semana, se perdieron casi dos hectáreas de bosque. El representante señaló que algunas incursiones fueron facilitadas por acuerdos económicos con pobladores de comunidades cercanas, quienes, según su testimonio, manifestaban sentirse abandonados por el Estado.
Frente al avance de la maquinaria, Koepcke explicó que la Fundación Panguana tuvo que contratar personal de seguridad privada para vigilar los límites del área protegida. Esta medida ha permitido impedir el ingreso de maquinaria a determinados sectores, aunque representa un gasto difícil de sostener. Por ello, la científica insistió en la necesidad de contar con presencia permanente de las autoridades. “Necesitamos urgentemente un puesto de control, eso es lo más importante”, manifestó al finalizar su presentación.
Amenazas de muerte obligan a evacuar a científicos y trabajadores
La destrucción ambiental no es la única amenaza que enfrenta Panguana. Malatesta denunció que la presencia de personas armadas y los episodios de violencia han deteriorado las condiciones de seguridad en la zona. “Se escuchan tiroteos, ya no hay una paz en ese lugar. ¿Con qué seguridad se pueden seguir las investigaciones que la doctora Juliane ha estado promoviendo durante todos estos años?”, cuestionó. Según explicó, las investigaciones de campo se han detenido debido a los riesgos para quienes permanecen en la estación.
El representante relató que investigadores nacionales y extranjeros tuvieron que abandonar Panguana después de recibir amenazas. La situación también afectó al personal de la estación, cuyos integrantes recibieron videos con amenazas de muerte y debieron ser evacuados temporalmente con apoyo de sus aliados. “Muchos científicos han tenido que abandonar el lugar porque las poblaciones cercanas junto con los mineros llegaron a la estación a amenazarlos y ellos tuvieron que salir por seguridad”, sostuvo Malatesta, quien describió un escenario en el que la presencia de maquinaria y personas armadas dificulta recuperar las condiciones necesarias para la investigación.
Por su parte, César Ipenza, abogado ambientalista vinculado a la defensa de Panguana recordó un despliegue de aproximadamente 20 días que permitió mantener presencia de efectivos policiales y de la Marina de Guerra del Perú en la zona, con apoyo logístico de organizaciones aliadas. Sin embargo, cuestionó la falta de continuidad de estas operaciones y los problemas de coordinación entre instituciones. Asimismo, sostuvo que durante 2026 se asignaron S/10 000 para una intervención de la Policía Ambiental de Huánuco, monto que mencionó como ejemplo de las limitaciones de recursos para enfrentar el problema.
No obstante, existen antecedentes de intervenciones contra la minería ilegal en Panguana. En septiembre de 2025, el Ministerio Público informó sobre la destrucción de tres dragas, tres excavadoras y una camioneta en la zona de los ríos Pachitea y Yuyapichis. Posteriormente, el 28 de enero de 2026, la Policía Nacional ejecutó otro operativo que permitió destruir maquinaria y equipos utilizados para la extracción ilegal, valorizados en más de cuatro millones de soles. Pese a estas acciones, los representantes de Panguana sostienen que la actividad minera continúa y que las intervenciones aisladas no han conseguido garantizar la seguridad del territorio.
Reclaman protección efectiva y acciones permanentes del Estado
Durante el encuentro, Mariano Castro, director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de GRADE, advirtió que la situación de Panguana refleja un problema que también afecta a otros territorios del país. Mencionó casos como Madre de Dios y Pataz, donde la expansión de las economías ilegales está asociada con la destrucción ambiental y los riesgos para las personas. Además, cuestionó que una estación científica de reconocimiento internacional no cuente con las condiciones necesarias para continuar sus investigaciones. “Si no puede hacerlo aquí, en este caso, donde el daño está documentado y los responsables tienen nombre, la pregunta es dónde podemos hacerlo”, expresó al referirse a la capacidad del Estado para proteger su patrimonio natural.
Castro recordó que el Perú cuenta desde 2021 con un Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, advirtió que estas herramientas deben aplicarse oportunamente en los territorios donde existen amenazas. “Lo que falta, por cierto, es que funcione en el territorio antes de la amenaza y no después de las tragedias”, señaló. También cuestionó las propuestas legislativas que buscan prolongar regímenes extraordinarios de formalización minera sin condiciones efectivas de control, al considerar que pueden transmitir señales de impunidad.
Finalmente, el representante de GRADE planteó la necesidad de sostener el control territorial, investigar las redes que financian la maquinaria, remediar los daños ambientales y ofrecer alternativas económicas legales a las poblaciones locales. Los representantes de Panguana coincidieron en que la protección no puede depender únicamente de operativos temporales o de los recursos de una fundación privada. Mientras las amenazas persisten, la continuidad de casi seis décadas de investigación científica y conservación de la biodiversidad amazónica sigue comprometida.
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