El problema de la descentralización es transversal y en las elecciones subnacionales se hace más evidente. El agotamiento de los movimientos regionales es una muestra de ello. De los 95 hábiles para postular, solo 30 lograron participar y de ellos apenas 11 sobrevivirían a las tres causales de cancelación establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), a diferencia de los partidos nacionales, que tienen una sola causal de cancelación en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

Asimismo, ha quedado en evidencia el problema de la capital, con planteamientos poco plausibles y jurídicamente cuestionables e inconstitucionales, como equiparar una lista municipal a una fórmula regional para convocar una segunda vuelta solo porque Lima Metropolitana es una municipalidad que tiene funciones regionales a diferencia de otras provinciales. Es cierto que una metrópoli como Lima debería tener un tratamiento especial, pero las reglas de juego ya están dadas y cambiarlas en pleno proceso electoral no resulta viable.

Como propuesta de cambio, sería interesante buscar mecanismos que fortalezcan la legitimidad de la elección. Entregar el gobierno a quien obtiene más votos, sin importar la magnitud de su respaldo, merece una discusión mayor, especialmente en una megalópolis que concentra a la tercera parte de la población del país.

Estas propuestas deben formar parte de una reforma electoral integral y que no deberían dejar de discutirse cada cuatro años, cuando los mismos problemas vuelven a ponerse sobre la mesa cuando las ERM se ponen al rojo vivo.

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