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por Javier Prialé
Actualizado el 15 de Oct, 2026 1:14 pmProInversión advierte que el Estado debe definir si continuará con el proyecto del Gasoducto Sur Peruano o si la adenda de Transportadora de Gas del Perú (TGP) cubrirá parte de sus objetivos, ya que se superponen en parte del trazo.
El proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SITGAS), que debería continuar la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) que fue detenido el 2017 por el caso Lava Jato de Odebrecht y que contempla una inversión estimada de US$4.320 millones para llevar gas natural al sur del país, continúa a la espera de una decisión del Gobierno.
La segunda etapa de sus estudios permanece pendiente debido a que una propuesta de adenda de Transportadora de Gas del Perú (TGP) plantea desarrollar un gasoducto costero que cubriría parte de los objetivos del SITGAS.
Durante una exposición en una audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas realizada en el Cusco, el director de proyecto SITGAS de ProInversión, Renzo Rojas Jiménez, explicó que ambos proyectos contemplan llevar gas natural a las centrales del nodo energético del sur y abastecer ciudades como Arequipa, Ilo y Mollendo.
Esta superposición obliga al Ejecutivo a definir qué alternativa seguirá adelante antes de destinar más recursos públicos a estudios técnicos que podrían tener que reformularse posteriormente.
“Lo que hay que hacer es definir cuál es el camino”, sostuvo el representante de ProInversión al explicar que no sería eficiente profundizar los estudios de una alternativa que podría modificarse si se aprueba la propuesta de TGP.
¿Qué contempla el proyecto SITGAS?
El SITGAS fue encargado a ProInversión en 2017, luego de que el Estado diera por terminada la concesión del Gasoducto Sur Peruano, cuyo avance físico llegó apenas al 11%.
La iniciativa busca fortalecer la seguridad energética del país y ampliar el abastecimiento de gas natural a las regiones del sur. Su diseño contempla tres componentes principales: reforzar la seguridad del sistema de transporte de líquidos, llevar gas a las centrales del nodo energético del sur y extender el suministro hacia ciudades desde las cuales se pueda desarrollar la distribución urbana.
Entre las regiones y ciudades que podrían beneficiarse figuran Cusco, Puno, Arequipa y Abancay, además del abastecimiento previsto para las centrales de generación eléctrica ubicadas en Ilo y Mollendo.
El objetivo es contar con infraestructura que permita atender la demanda de gas natural y reducir las limitaciones de abastecimiento en el sur del país.
¿Por qué se detuvieron los estudios?
El proyecto se desarrolló en dos etapas. La primera concluyó en octubre de 2020 y permitió definir una alternativa técnica a partir de la evaluación de la información disponible.
La segunda etapa debía profundizar esos estudios mediante trabajo de campo para confirmar la viabilidad de la ruta propuesta. Sin embargo, ProInversión realizó dos convocatorias internacionales sin conseguir contratar a las empresas consultoras.
A esta dificultad se sumó la propuesta de adenda de TGP, que incluye un gasoducto costero para llevar gas a las centrales del nodo energético del sur y a ciudades como Arequipa, Ilo y Mollendo.
Según Rojas Jiménez, los estudios de la segunda etapa demandan una inversión importante debido a la complejidad de la infraestructura y a la necesidad de realizar trabajos de campo. Por ello, consideró que el Estado debe definir primero el alcance definitivo del proyecto.
Asociación de consumidores cuestiona adenda de TGP
La Asociación de Consumidores de Gas en el Perú cuestiona la propuesta de adenda presentada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que contempla extender por 10 años su concesión e incorporar nuevas inversiones en infraestructura de transporte de gas natural.
La organización considera que el Gobierno debe exigir primero a la empresa que cumpla sus obligaciones contractuales y corrija las deficiencias de su sistema de transporte, antes de otorgarle nuevas condiciones para operar.
El pronunciamiento la asociación se produce seis meses después de la interrupción del transporte de gas natural de Camisea, que afectó al país durante dos semanas y generó impactos económicos.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el proyecto denominado Ramal Sur, que, según la entidad, demandaría una inversión de aproximadamente S/7.000 millones. La organización advierte que la adenda permitiría adjudicar directamente esta infraestructura a TGP, sin una licitación competitiva, con una rentabilidad garantizada y plazos de ejecución flexibles. A su juicio, estas condiciones podrían trasladar al Estado buena parte de los riesgos asociados a eventuales retrasos en la construcción.
La asociación también cuestiona que la extensión de la concesión permita que los usuarios sigan pagando por infraestructura existente durante 10 años adicionales, pese a que, según afirma, ya habría sido pagada y remunerada mediante las tarifas.
Asimismo, rechaza que las inversiones que TGP realice para reforzar el respaldo y la redundancia del sistema sean reconocidas como inversiones adicionales que deban ser financiadas por los usuarios. Su argumento es que las tarifas cobradas durante los últimos 20 años ya debieron cubrir los gastos e inversiones necesarios para garantizar la disponibilidad del servicio.
¿Qué pasará con el SITGAS?
De acuerdo con ProInversión, si el Gobierno decide avanzar con la propuesta de TGP y esta cubre parte de los componentes del SITGAS, será necesario reconfigurar el proyecto para evitar duplicidades.
Esto implicaría retirar de su diseño original aquellos componentes que quedarían cubiertos por el gasoducto costero y desarrollar los estudios técnicos correspondientes a la nueva configuración.
El representante de ProInversión indicó que la entidad está preparada para continuar con la asistencia técnica y la contratación de los estudios cuando el Ejecutivo determine qué alternativa seguirá adelante.
Por su parte, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Marleni Cárdenas Pino, señaló que el Ministerio de Energía y Minas había transferido S/24 millones a ProInversión en marzo de 2024 para financiar la segunda etapa de los estudios.
No obstante, la decisión sobre el diseño definitivo continúa pendiente.
Gasoducto Sur Peruano: arbitrajes sin resolver
La definición del futuro del SITGAS se produce después de la frustrada concesión del Gasoducto Sur Peruano. El contrato fue terminado en octubre de 2017 porque la empresa concesionaria no acreditó el cierre financiero.
Además del avance físico de apenas 11%, el proyecto mantiene controversias arbitrales pendientes entre el Estado y empresas vinculadas al consorcio.
La viceministra explicó que el Estado recibió parte de los bienes del proyecto en calidad de poseedor, pero todavía no tiene la propiedad definitiva y, por tanto, no puede disponer libremente de ellos. La situación dependerá de las decisiones de los tribunales arbitrales.
En este contexto, la definición del SITGAS y de su eventual articulación con el gasoducto costero será determinante para establecer cómo se desarrollará la infraestructura de transporte de gas natural hacia el sur del país.
Tags gasoducto sur peruano Proinversión TGP Minem Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en
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