Las denuncias por extorsión se registran en todo el país.

Según información oficial obtenida por RPP, mientras las denuncias por extorsión crecieron en el Perú, las acusaciones fiscales y las condenas judiciales avanzaron a un ritmo mucho más lento. Desde enero del 2024 hasta abril de este año, el país registró más de 53 mil denuncias policiales por este delito, pero solo 700 condenas judiciales. ¿Qué hay detrás de esta constante entre denuncias ante la Policía y casos en los que el sistema logra impartir justicia? Conozca más detalles en este informe.

La extorsión continúa afectando directamente a comerciantes, transportistas y empresarios que reciben amenazas para cobros de cupos y mensajes intimidatorios. Sin embargo, mientras las denuncias continúan acumulándose, las acusaciones fiscales y las condenas judiciales no van al mismo ritmo.

Si un ciudadano denuncia una extorsión, la investigación del caso la hacen la Policía y la Fiscalía, para que esta luego presente una acusación ante un juzgado que condene a los responsables y los envíe a prisión.

No obstante, según información obtenida por RPP a través de pedidos de acceso a la información, entre enero del 2024 y abril del 2026, en el Perú hubo 53 958 denuncias por extorsión. Y en ese mismo periodo, el Poder Judicial solo emitió 708 condenas por este delito. Esto equivaldría aproximadamente a una condena por cada 76 denuncias registradas.

¿Por qué son pocas las denuncias por extorsión que llegan a una condena? Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, tenemos una Policía sobrecargada y sin la logística para investigar este delito.

“El principal problema está en la investigación policial. Una Policía desalentada, sin tecnología, sin dinero para hacer inteligencia, siendo algo tan básico en esta materia, está un poco atada de manos para el desarrollo de procesos de investigación contra las extorsiones. Mientras no se supere esa situación, yo diría que la brecha entre denuncias y condenas va a seguir siendo muy alta”, manifestó.

Las cifras a las que accedió RPP también reflejan un cuello de botella en la etapa que va desde la investigación a la acusación fiscal. Entre enero y abril del 2026, se registraron 5 270 denuncias policiales por este delito, pero la Fiscalía reporta apenas cinco casos con acusación, paso necesario para una eventual condena judicial.

Lucía Nuñovero, abogada criminóloga, señala que esto estaría relacionado con la falta de capacidad técnica de las unidades encargadas de investigar organizaciones dedicadas a este delito y a que muchas víctimas abandonan los procesos por temor, al no tener mecanismos sólidos de protección.

“Podemos ver que una etapa, vendría a ser propiamente el juzgamiento, corroboración de información que trae la Policía, y que luego no llegan a ser valorados por justamente las características de estos modus operandi, que están más enmascarados en diferentes comercios o negocios, etcétera”, refirió.

¿Dónde se registran las denuncias por extorsión?

Las denuncias por extorsión se registran en todo el país. Lima, La Libertad y Piura son las regiones más golpeadas, las cuales reflejan la misma brecha entre denuncias y condenas.

En la capital, en el 2025, la Policía registró 12 701 denuncias por extorsión, casi la mitad de todas las que hubo en el país. Sin embargo, la Fiscalía reportó solo 108 acusaciones y el Poder Judicial emitió 115 sentencias.

El aumento del delito se refleja en los penales. Según el Instituto Nacional Penitenciario, entre 2024 y 2025, el número de internos por extorsión aumentó en 558. Sin embargo, en ese mismo periodo, las denuncias por extorsión superaron las 26 mil a nivel nacional.

Para el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés, este contraste evidencia que el sistema penal aún no prioriza adecuadamente el encarcelamiento de delincuentes altamente peligrosos.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer, que darían, creo yo, un resultado mucho más eficiente, y podría reunirse las pruebas para incorporar a mayor cantidad de delincuentes a los penales. La cantidad de delincuentes en los penales no llega ni siquiera a 1 900 y tenemos cuatro mil presos por omisión de alimentos. Digamos, hay un problema, la cancha no está pareja; y creo que no estamos metiendo a la cárcel a los peligrosos, y estamos dejando dentro de la cárcel a los que no son tan peligrosos”, comentó.

A poco de la llegada de nuevas autoridades, ¿cómo reducir esta brecha entre denuncias y condenas por extorsión? Pedraza señala que el principal reto es fortalecer a la Policía con recursos, tecnología e inteligencia, una decisión que recae en el gobierno.

“¿Esta es una responsabilidad de la Policía? No. Diría, en parte, pero esa responsabilidad, desde mi punto de vista, recae principalmente en los gobiernos de turno, para asignarle recursos suficientes y, a partir de eso, por supuesto, exigir mejores resultados en la Policía. Solo así vamos a poder reducir esa enorme brecha junto con el adecuado, por supuesto, trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial”, refirió.

Para Lucía Nuñovero, es necesario fortalecer la especialización y articulación entre policía, fiscal y juez, especialmente en este tipo de delitos.

“Esto se logra con especialización y mecanismos y protocolos interinstitucionales, la tramitación célere con todos los resguardos del debido proceso, y tener muchos más de estas, con más capacidades descentralizadas en diferentes sectores, ¿no? Que en el Perú se presentan con vulnerabilidades”, remarcó.

Todas estas cifras reflejan el preocupante panorama respecto al delito de extorsión con que el próximo gobierno recibirá el país, en medio del clamor de la ciudadanía para que sus nuevas autoridades les brinden soluciones.

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